En nombre del grupo, y en calidad de abogado de propietarios y poseedores de inmuebles en la calle Retirada de Calleja, Juan Gerardo Velázquez de la Torre estableció: “Como lo ha manifestado el ayuntamiento, solamente cinco de 34 personas han llegado a un convenio; este convenio, desde luego, no se ha cumplido.
“Nosotros lo que queremos es que se generen condiciones de dignidad y de trato humano hacia estas personas. Lamentablemente, el primer encuentro que sostuvimos no fueron los términos cordiales que hubiéramos querido; nosotros ya hicimos del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos este tipo de irregularidades”, refirió.
Dejó bien en claro que “no nos oponemos al progreso de Cuautla; al contrario. Pero también vemos que esa obra que se tiene proyectado realizar no va a garantizarla fluidez vehicular. Yo apostaría mejor por libramiento poniente”, sostuvo.
Observó que la semana pasada, “el regidor Benito Orozco Velezmoro tuvo a bien entrevistarse conmigo; esperamos se establezca un diálogo y lo que vamos a pedir es que en todo esto se garanticen los mejores términos, tanto para el ayuntamiento como para esas personas y que los convenios, se eleven a carácter judicial, que tenga conocimiento el juzgado correspondiente.
“Hemos mostrado nuestra disposición, la síndico nos convocó a una reunión, la cual no se pudo llevar a cabo por causa nuestra; pero no hemos llegado a ninguna”, comentó.
En relación con las propuestas que se pudieran hacer a la administración municipal, estableció que “en la parte posterior hay otra calle; hemos propuesto recorrer tres metros hacia ese lado; vamos a plantear una serie de propuestas de terrenos céntricos que pueden ser otra opción viable, y también otra es –que no creemos viable por el costo– que se hiciese un paso a desnivel en este lugar”.
Lamentablemente, dijo, “a dos de las viviendas se les cortó el suministro de agua, entonces el tipo de agresiones es lo que queremos evitar, que todo se haga conforme a la ley”.
Finalmente, recordó que el decreto expropiatorio tiene más de 20 años y lo hizo el Gobierno del Estado, no el ayuntamiento. “De ahí que sería importante que se invitara a este nivel de gobierno, con la intención de generar las condiciones de diálogo”, finalizó.