Habíamos entrado en una etapa verdaderamente de incongruencia legal que nos exhibía ante la comunidad internacional, como un país que firmaba acuerdos y que por el simple prurito de cambio de gobierno no los cumplía.

De los asuntos considerados emblemáticos conocidos por los tribunales internacionales y por consecuencia tuvieron que llegar al tribunal más alto de la nación, se desprendieron al final, las sentencias que dignifican a la justicia mexicana y a la misma nación.

Son sentencias de estricto cumplimiento. Se refieren a todos los delitos cometidos por militares en activo en los que esté implicado un civil, en calidad de cómplice o de víctima, que serán competencia de juzgados federales y los delitos cometidos por militares que no afecten bienes jurídicos de la esfera castrense, deberán ser juzgados por tribunales ordinarios, aunque no haya civiles involucrados.

Los tres casos que determinaron las históricas decisiones del acotamiento del fuero militar, son los emblemáticos referentes al destacado y querido líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Rosendo Radilla Pacheco, quien el 25 de agosto de 1974, fue detenido en forma ilegal en un retén militar y desparecido en el Cuartel Militar de esa comunidad.

Del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana desaparecido por elementos militares el pasado 1 de mayo de 2011, cuyo cuerpo tres meses después fue encontrado; con ese criterio, que deberá aplicarse en casos futuros, el pleno decidió que sea el juez quinto de Distrito de Morelos quien juzgue al coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir la tortura y homicidio de la joven víctima, y en vista de que el delito fue cometido por un servidor público en su carácter de militar en servicio activo.

Y el de los tres militares que en 2011, “sembraron” mariguana en un vehículo para inculpar a un civil por delitos contra la salud, que fueron acusados de falsear declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.

México y todos los habitantes de esta nación debemos de estar de plácemes porque ahora sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puso a altura de lo que es: el tribunal más alto de la república y a favor del pueblo, mismo que se dio un gobierno, cuya parte toral para evitar abusos y aberraciones jurídicas, lo determinó en la división de poderes.

Al aire

A pesar de que se ha llegado a un acuerdo para el pago de la prima de antigüedad a los maestros jubilados, nada justifica el haber postergado la fecha de esa entrega que en derecho les corresponde.

A fin de cuentas es el Ejecutivo quien hará frente a esta obligación; lo menos trascendente es el nombre de la persona que encabece la administración. Se gastó mucho en echar andar todo el aparato jurídico para presentar una controversia constitucional, a la cual se habrá de desistir.

Nuestro respeto a la lucha magisterial, digna desde todo ángulo, nuestro rechazo a la actitud dilatoria sinrazón.