El pasado 9 de marzo, Romualdo fue detenido “y con lujo de violencia fue encarcelado primero en Cuernavaca y después trasladado a la cárcel distrital de Jonacatepec, acusado por un delito que no cometió”, señala el documento entregado por su hermano Florencio al reportero, en una fugaz entrevista, ante el temor de ser detenido.
El 10 de marzo, el mismo Florencio ya había programado asistir a un encuentro con el aspirante al gobierno del estado Graco Ramírez, en Ocotepec, “consideramos que esto provocó la molestia al gobierno saliente”, dijo.
El 10 de abril, el dirigente estatal de la UFIC fue detenido cuando estaba a punto de iniciar la ceremonia oficial por el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, de donde fue sacado ante la mirada incrédula de cientos de campesinos de diversas organizaciones, que vieron cómo era detenido, para llevarlo a la cárcel de Jonacatepec.
Ante la presión ejercida por sus compañeros y dirigentes de otras organizaciones campesinas y la programada presencia del gobernador Marco Adame Castillo y del secretario federal de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, quien pronunció un breve discurso, Ixpango Merino fue liberado.
Relató que “el problema se origina hace 30 años, por una parcela, cuando la señora Silvia Aragón Morales era nuera del auténtico ejidatario, quien había puesto de sucesor al esposo de doña Silvia, el cual fallece, pero el ejidatario seguía viviendo y cultivando las tierras, las dos parcelas, una de riego y una de temporal”.
Y es que Ixpango Merino fue señalado de realizar el despojo de este terreno, por lo que “una vez que se da el cambio de legislación agraria, por el año 92, establece un juicio agrario en contra del ejidatario y ciertamente lo ganó. Sin embargo, se desavecindó diez años y en ese tiempo el señor siguió cultivando la parcela. Ahí vivió, ahí nacieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos.
“Nunca la señora ha tenido posesión, jamás se le ha despojado de algo que jamás ha poseído; tan es así, que de la denuncia en que nos señalan de un despojo, no se configura el delito”, expresó.
“La juez de primera instancia de Jonacatepec determinó un no al ejercicio de la acción penal, es decir, no encontró elementos para procesarnos; sin embargo, el Ministerio Público apeló y el asunto se fue a segunda instancia, a la sala penal de Cuautla, y los magistrados, sin revisar el fondo del asunto, emitieron una resolución por presunción”.
Al relatar los hechos, Florencio Ixpango añadió que “por ello, a través de un amparo, promovido por el abogado José Luis Urióstegui, se permite que la orden de aprehensión no se ejecute. Estamos sin que se haya concedido la orden de aprehensión, pues ya hay una resolución definitiva de la autoridad federal, pero además estamos analizando fincarles responsabilidad a los magistrados, porque en el nuevo sistema judicial, con la sola presunción, no acreditas un hecho delictivo”, observó.
Asimismo, el dirigente estatal estableció que “ella ganó un juicio agrario en 1993 y es cuando se desavecinda, porque en antes a su suegro le dieron el carácter de ejidatario y gana, porque el señor no tuvo quién lo defendiera. Pero en 2003, le conceden el derecho al señor como posesionario, ya no como ejidatario, y la señora tenía tres mes para impugnar esa resolución de la asamblea y no lo hizo”, recordó.
Además, señaló que “en el Tribunal Unitario Agrario estamos llevando a cabo un juicio para exigir que se reconozcan los derechos que dejó a salvo como posesionario de la parcela a través de un juicio de sucesión, para que nos diga quién mejor derecho tiene”.
El asunto tiene a dos de los coacusados detenidos en la cárcel distrital, “pero una deficiencia en la técnica jurídica dio esta resolución cuando se les acusa de un delito agravado y grave, de manera que podrían estar en libertad enfrenando el juicio, pero no es así”.
Otro de los coacusados, junto con los dirigentes, era Elpidio Calzado Izcalbazeta, quien fue ultimado por un grupo de presuntos asesinos a sueldo, pero “hasta la fecha no se ha esclarecido del todo este asunto, razón por la cual vamos a pedir también que se agilice la investigación”.
Entre las medidas que se podrían llevar a cabo es la presencia de integrantes de la UFIC para manifestarse afuera del juzgado en que se dictó la detención de dos de los causados y en otras dependencias estatales.
