No podemos ser la excepción; sin embargo, rescatamos el hecho de que quien fuera Ejecutivo de Chiapas ha sido notificado del auto de formal prisión en su contra acusado por varios delitos, entre ellos el de peculado y uso indebido de la función pública. No perderemos de vista este asunto que por demás tiene mucho más de fondo.

Uno tercero --el ex diputado priista Carlos Barboza Castillo, quien habló en calidad de "amigo" del empresario y "del grupo de abogados" que lo representan-- rompió las dudas e informó que Jorge Hank está acusado de un asesinato que presuntamente denunció un testigo. Hasta el momento de redactar este comentario, el nombre de la víctima no había sido revelado.

También Barboza Castillo aclaró que el delito que se le imputa al empresario es diferente a los dos homicidios que se cometieron presuntamente con dos de las armas incautadas en la residencia del empresario.

El dueño del Grupo Caliente quedó en libertad alrededor de las 03:30 horas (tiempo del Pacífico) y hasta las 05:00 horas no había sido localizado, por lo que se inició su rastreo en las oficinas de la PGJE y se conoció que fue trasladado a instalaciones de esa dependencia para declarar sobre la posesión de dos armas ligadas a homicidios.

Con estos datos, la noticia del auto de libertad no había trascendido, cuando Hank Rhon ya estaba bajo el resguardo de la Procuraduría estatal; es de entenderse o de menos suponerse, una estrategia bien implementada entre los federales y estatales. Si nos ubicamos en esa circunstancia, en la madrugada y alejado del apoyo jurídico al que se tiene derecho, sin lugar a dudas el hoy detenido vivió momentos de incertidumbre, aislamiento y de vulnerabilidad.

No nos corresponde defender a nadie; nunca hemos sido ni favorecidos ni beneficiados por la familia Hank; sin embargo, las circunstancias, tal como se ha generado la información, advierten una franca persecución endeble pero con alta carga política. Nuestra ciudadanía decidió dejar esas negativas estrategias con el voto decidido y definido en el 2000, dio un golpe a un esquema político que nadie desea que permanezca.

Lo más grave de todo lo que ha sucedido es la suspicacia, las hipótesis que pueden plantearse ante los hechos, todas ellas de extrema preocupación:

1. Que la investigación realizada por el Ministerio Público federal, en efecto iniciada una vez que el Ejército Mexicano puso a su dispoción a los detenidos, no tuvo el fundamento legal o las pruebas que ameritaran la consignación ante el juez de los mismos. En este caso, se advierten dos circunstancias: la respuesta irresponsable a las presiones sociales y políticas a las cuales se refirió la propia procuradora Marisela Morales cuando anunció que no recurriría al arraigo para evitar malas interpretaciones, cuando ello pudo significar tiempo valioso para integrar correctamente la carpeta correspondiente; y haber consignado sabedora de que no existían elementos suficientes, apostándole tal vez  a las oraciones o una jugada de buena suerte, es por demás temerario y vergonzoso.
2. Que las pruebas presentadas por el Ejército Mexicano, como lo alega la defensa, hayan sido “sembradas”, es decir, que los hechos se manipularon con el afán de cumplir con alguna encomienda o simplemente para establecer un golpe histórico que privilegiara a las fuerzas armadas. ¡Vaya tema!
3. Que existan amenazas o en su caso corrupción en las que la jueza novena de Distrito se haya visto o en la necesidad, o en su caso en la complicidad, de pasar la estafeta a la siguiente instancia, es decir, dictar el auto de libertad, sabedora de que con ese hecho cumpliría el pacto turbio y sería un tribunal en otra instancia el que resolviera.
4. La orden política. La instrucción suprema para arriesgar para golpear al partido que amenaza con regresar.
5. La inocencia, la verdadera inocencia que además estamos obligados a suponerla, así lo establece nuestra Constitución, de un hombre que si bien es cierto es adinerado, querido por muchos, odiado por otros, exótico tal vez pero también benefactor, víctima de las circunstancias de un país que ante estas aberraciones no sabe qué rumbo tomar.
6. Una estrategia montada entre federales y estatales para armar o, mejor dicho, desarmar a quien a pesar, entendemos, de contar con denuncias en su contra, no se le había detenido ni procedido en su contra. Más tratándose del delito de homicidio.

Por el beneficio de México, este asunto debe ser transparentado; ya lo habíamos escrito: si Hank la debe, que la pague, pero en igualdad de circunstancias; si es inocente, que se le devuelva ante la sociedad su posición y que caigan los artífices de una maniobra que de existir, pondría en el borde del precipicio electoral al Partido Acción Nacional.