El presidente estadounidense dijo que el proyecto debe garantizar una seguridad total en la frontera de su país con México.
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump dijo este jueves que se opone a cualquier ley migratoria que no incluya “un muro real” en la frontera con México y "una seguridad fronteriza muy fuerte".
Republicanos moderados en la Cámara de Representantes están impulsando un acuerdo que podría conducir a la ciudadanía a jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers, que llegaron hace años a Estados Unidos sin permiso legal.
Pero Trump declaró en el programa Fox & Friends que a menos que el proyecto de ley "incluya un muro, y me refiero a un muro, un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no obtendrá mi aprobación".
Sobre el tema de las demandas en tribunales contra sus restricciones migratorias, el presidente declaró que otros países tienen “personal de seguridad que se para y dice puedes entrar” en lugar de que los jueces decidan sobre los casos de migración.
“¿Quién oyó hablar de un sistema donde llevas a las personas a juicio? (...) Vamos a cambiar el sistema”, agregó.
Estados Unidos, dijo Trump, tiene “de lejos las peores leyes de inmigración del mundo”. Añadió que quiere un paquete de leyes global que incluya todas sus prioridades. “Creo que es hora de tener el paquete entero”, afirmó.
Pese a las gestiones de republicanos moderados para lograr un consenso, el ala derechista del partido rechaza lo que tilda de “amnistía” para personas que se encuentran en el país ilegalmente.
Los republicanos moderados lograron la firma 21 entre sus filas el miércoles, es decir, con cuatro más podrán llevar el asunto a debate a fines de junio. Los dirigentes del partido tienen programada una reunión sobre el tema el 7 de junio.
El Gobierno está lidiando con un pronunciado aumento en los casos judiciales de inmigración debido a que el aumento de las deportaciones bajo la administración Trump ha hecho que el número de casos sobrepase los 650 mil.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, que tiene bajo su jurisdicción los tribunales de inmigración, ha estado tratando de imponer cambios drásticos en el sistema.
El Departamento de Justicia anunció recientemente que asignará más fiscales y jueces a fin de reducir la carga. El Gobierno además ha impuesto a los jueces cuotas de casos para ser aprobados, suscitando temores de que muchos casos serán decididos sin la debida consideración.
