El Tribunal Supremo paquistaní declaró este jueves 25 de marzo de 2021 anticonstitucional la conocida como “prueba de los dos dedos” o “test de la virginidad“ para determinar si una mujer ha tenido relaciones sexuales en los casos de violación, una práctica destinada además a menoscabar la reputación de la víctimas.
La máxima institución judicial del país afirmó que la prueba para determinar el tamaño de la vagina es “una afrenta a la reputación y el honor” de las supervivientes de agresiones sexuales y viola la Constitución.
“La ciencia forense moderna muestra que el test de los dos dedos no se debe realizar para establecer una violación o violencia sexual”, indicó el juez Mansoor Ali Shah en el veredicto sobre el caso de una mujer forzada.
Además de determinar si se había producido una relación sexual, esta prueba se usa en los tribunales para establecer si la mujer tenía una vida sexual activa, lo que se traducía en “tener relaciones con cualquiera” para poner en cuestión la agresión sexual.
Todo ello es un ataque a la dignidad de las mujeres ya que “desacredita su independencia, identidad, autonomía y libertad de elección”, lo que de nuevo supone una violación de la Constitución, según la corte.
“Los tribunales deben dejar de usar expresiones como “habituada al sexo”, “mujer fácil”, “mujer de poca moralidad” o “no-virgen” para las supuestas víctimas de violación, incluso si la acusación de violación no es demostrada”, remarcó el tribunal.
“Tales expresiones son anticonstitucionales e ilegales”, sentenció.
La decisión del Supremo llega después de que, en enero, el alto tribunal de Lahore prohibiese la práctica en la provincia del Punjab, lo que provocó alabanzas y la esperanza de su ilegalización en todo el país.
“Una decisión histórica”, afirmó entonces la ministra de Derechos Humanos, Shireen Mazari, a pesar de que su Gobierno no ha prohibido la práctica.
“Una mujer violada necesita justicia, y no requiere ciertamente que su sexualidad sea puesta en evidencia”, escribió el diario “The News” en un editorial.
Esta práctica ha sido denunciada por Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos en los últimos años. La India prohibió el test en 2013 y Bangladesh lo hizo en 2018.
