El gobierno estadounidense suspendió provisionalmente todas las perforaciones de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, un área protegida en Alaska, dando marcha atrás a una de las últimas decisiones de la administración de Donald Trump.

El Departamento del Interior explicó en un comunicado que la decisión está sujeta a realizar un “análisis completo” de las consecuencias ambientales de las concesiones otorgadas a principios de enero, dos semanas antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, para explotar parcelas en la mayor área natural protegida del país.

En función de los resultados de ese análisis, el gobierno decidirá mantener las concesiones como están, cancelarlas o imponer medidas adicionales para proteger el medio ambiente en esta región donde habitan osos polares y caribúes.

Desde hace 30 años, las compañías petroleras y los dirigentes de Alaska presionaron para explotar los recursos de este refugio nacional, crear empleos y generar ingresos para el estado.

Con base a un texto aprobado a finales de 2017 por el Congreso estadounidense, el Departamento del Interior aprobó en agosto pasado un programa que abría el camino a la perforación en esta zona costera del océano Ártico, que cubre un total de 6 mil 500 kilómetros cuadrados.

Una licitación lanzada en diciembre llevó a la asignación el 6 de enero de nueve parcelas a la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska, una agencia gubernamental, y dos parcelas a dos pequeñas empresas, por un total de aproximadamente 2 mil 430 kilómetros cuadrados.

Biden aseguró durante su campaña que tomaría medidas para garantizar permanentemente la protección del refugio.

La decisión anunciada el martes 1 de junio, “es un paso importante” en el cumplimiento de esta promesa, afirmó la asesora nacional sobre el clima, Gina McCarthy.

“El presidente Biden cree que los tesoros nacionales son parte esencial de la cultura y la economía del país y está agradecido por la rápida acción del Departamento del Interior” sobre una decisión “tomada en los últimos días de la administración anterior”, agregó.

En su decisión de este martes, el Departamento del Interior subrayó que identificó “numerosas lagunas legales” en el procedimiento para la adjudicación de las concesiones, incluido un análisis “insuficiente” en materia de normativa ambiental.