La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, reeligió el miércoles como presidente de la Corte Suprema de Justicia a Óscar López Jerez, un abogado supuestamente alineado al mandatario.
Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, la Asamblea eligió a López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional de la Corte para el periodo del 1 de julio 2021 al 30 de junio de 2024.
Los 14 diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuatro del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el único diputado del partido Nuestro Tiempo votaron en contra. Los opositores criticaron el proceso por considerar que “Bukele está concentrando más poder”.
Más tarde, los diputados también eligieron a otros cinco magistrados de la Corte Suprema para sustituir a los abogados que el 30 de junio cumplen su periodo de nueve años en el máximo tribunal de justicia de El Salvador.
“Hoy se culmina un proceso iniciado el 1 de mayo que busca la concentración del poder. Buscan tener una Corte Suprema de Justicia. Esta madrugada se consolida la concentración del poder con la elección de una Corte servil e ilegal”, dijo la diputada Dina Argueta, del FMLN.
El presidente Bukele dijo en su cuenta oficial de Twitter que las decisiones tomadas por los diputados “son TOTALMENTE LEGITIMAS” y que se había tratado de un proceso “transparente y abierto” acorde a la Constitución.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y destituyeron a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores, entre ellos el abogado López Jerez como presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional.
Las remociones provocaron condenas en el país y de la comunidad internacional. El enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, criticó fuertemente la decisión y recomendó restaurar la situación anterior.
Sin embargo, el presidente afirmó que los cambios son irreversibles” y en un discurso por su segundo año de mandato prometió que El Salvador no regresaría al pasado y exhortó a sus seguidores luchar contra el “aparato ideológico” controlado por grupos de la “oligarquía” que por décadas ha controlado los destinos del país.
En respuesta a las destituciones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) retiró su asistencia a instituciones públicas como la Corte Suprema y la Fiscalía General, y señaló que esa ayuda se entregaría a organizaciones de la sociedad civil.
La elección de los nuevos magistrados coincidió con la visita de una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense, que encabeza la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. La comitiva se reunirá con el presidente Bukele y otros líderes políticos para hablar sobre migración, democracia y metas regionales.
La delegación también tenía previsto reunirse con miembros de la sociedad civil y el sector privado para tratar su papel en la generación de “un entorno en el que puedan prosperar todos los salvadoreños”, según un comunicado de la embajada estadounidense.
