El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden, ejercerá y reactivará la política de repatriación inmediata de inmigrantes indocumentados, incluyendo en esto, el envió a México de familias enteras mientras esperan una resolución a sus solicitudes de asilo.

“Tenemos un presupuesto de 15 mil millones de dólares por año para financiar el proyecto de repatriación de inmigrantes indocumentados, de familias y la adjudicación de asilo; el asunto migratorio no se resolverá de la noche a la mañana”, explicó un funcionario de la Casa Blanca.

La presidencia de Biden, había anunciado que después de este 31 de julio dejaría de enviar a México a familias de migrantes centroamericanos a que esperaran la resolución a sus pedidos de asilo en Estados Unidos, bajo la regulación migratoria conocida como Artículo 42.

En teleconferencia de prensa cuatro funcionarios de la Casa Blanca, y sin abundar en las razones del cambio de decisión, explicaron simplemente que el Artículo 42 quedaba desarticulado, por lo cual las deportaciones a México de familias y migrantes centroamericanos seguirá vigente.

“Heredamos un sistema migratorio disfuncional y desbaratado”, insistió uno de los cuatro funcionarios del gobierno de Biden, haciendo alusión a la política antimigratoria que instrumentó el expresidente Donald Trump con respecto a la deportación a México de centroamericanos.

De manera indirecta, otros funcionarios del gobierno federal explican que el cambio de giro en la política migratoria de Biden con respecto a los solicitantes de asilo, tiene que ver con el incremento de casos de contagio de la variante Delta de covid-19 en la frontera con México, y por el repunte en el volumen del flujo de inmigrantes indocumentados.

La determinación de acelerar las deportaciones inmediatas de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur en su intento de ingreso a Estados Unidos, se aplica a los ciudadanos mexicanos y a los de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los cuatro funcionarios de la Casa Blanca anotaron que el gobierno de Biden, “atenderá la causas” que provocan el peregrinaje centroamericanos hacia el norte, y para lo cual desarrollo un plan de cooperación con la comunidad internacional y el sector privado.

Teniendo como aliado principal en esto al gobierno de México, la Casa Blanca especificó que pretende materializar “un sistema de integración migratoria para largo plazo”, que atendería las causas del éxodo de personas procedentes de las naciones del llamado Triángulo Norte.

En septiembre próximo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dará a conocer una estrategia de respuesta al problema migratorio de largo plazo, como parte del proyecto que promueve Biden.

A la cooperación del organismo multilateral se sumará el esfuerzo filantrópico de los gobiernos de Japón, Corea del Sur e Israel, así como el de algunas naciones de Europa, la colaboración de 12 de empresas y 150 empresarios, de acuerdo a los funcionarios de la Casa Blanca.

“La estrategia que estamos desarrollando es para tener éxito en áreas de inversión, innovación y creación de empleos en Centroamérica y sin dejar de combatir la corrupción, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa”, apunto uno de los funcionarios.

A México específicamente, el gobierno de Biden le insistirá en el manejo adecuado de sus fronteras, garantizando el respeto e integridad de los derechos humanos de los migrantes para conseguir un flujo ordenado y con sentido humanitario.

La Casa Blanca dividió al nuevo plan migratorio de deportaciones inmediatas, de asignación meritoria de asilo y de cooperación internacional para atender las causas del peregrinaje de centroamericanos hacia el norte en cinco pilares.

Afrontar la inequidad e inseguridad económica, combatir la corrupción al tiempo que se fortalezcan las instituciones democráticas, la gobernabilidad y la aplicación de la ley.

El tercer pilar se refiere a la promoción de respeto a los derechos humanos, laborales y libertad de prensa, el cuarto a contener la violencia, la extorsión y otros crímenes perpetrados por organizaciones criminales, pandillas, bandas de traficantes de personas y de drogas.

El quinto y último pilar se concentra el combate al abuso y violencia sexual, delitos de género y la violencia doméstica.