El gobierno de Joe Biden redobló sus esfuerzos para proteger de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos (EU) cuando eran niños (tambien conocidos como “dreamers”), la maniobra más reciente en un extenso drama en torno a la legalidad del programa DACA.
Su administración propuso una norma con la que pretende satisfacer las inquietudes de un juez federal en Houston que en julio pasado decretó que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA por sus iniciales en inglés) era ilegal, principalmente debido a que el gobierno del entonces presidente Barack Obama pasó por alto requerimientos procesales al momento en que el programa entró en vigor en 2012. La nueva norma es similar a la iniciativa de la era de Obama, recreando la política de 2012 con el objetivo de afianzarla en una base más sólida al atravesar el proceso de regulaciones federales.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, asignado por el presidente George W. Bush, dijo que el gobierno de Obama excedió su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada. El magistrado permitió que continuaran las renovaciones al programa pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden está apelando el fallo.
La propuesta solicita retroalimentación pública a fin de atender las preocupaciones de Hanen, aunque de momento se desconoce si eso será suficiente.
La propuesta
La norma se publicará hoy en el Registro Federal, lo que dará lugar a un periodo de 60 días para comentarios del público, con lo cual se hace poco probable que entre en vigor durante varios meses.
No responden
La oficina del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien junto a otros ocho estados impugnó el DACA ante el juez Hanen, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El gobierno de Obama creó el DACA con un memo emitido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Su intención era ser una medida provisional hasta que el Congreso legislara una solución permanente, lo cual nunca ocurrió.
Y ya que el DACA no es producto de una legislación, encaja en la categoría de las políticas que pueden alterarse fácilmente con el cambio de gobierno. El presidente Donald Trump intentó rescindir el memo del DACA y poner fin al programa, pero la Corte Suprema llegó a la conclusión de que no lo hizo de forma adecuada.
Al intentar reforzar el DACA mediante una regla formal, el gobierno espera obtener el aval de los tribunales.
