El gobierno del presidente Joe Biden inició el viernes un segundo intento para acabar con un programa de la época de Donald Trump que obliga a los migrantes solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “Permanecer en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara “de buena fe”, mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.
El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de protección al migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.
Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión del viernes demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.
Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría. Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.
Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.
