Nueva Zelanda sufrió en 2021 su año más caluroso desde hace más de un siglo al alcanzar una temperatura media de 13,56 grados centígrados debido al cambio climático, según datos del Instituto Nacional de Investigación Aeronáutica y del Agua (NIWA, en sus siglas en inglés).

“Siete de los últimos nueve años han sido entre los más calurosos registrados. Esta tendencia es coherente con la tendencia general del calentamiento global”, señala el NIWA en su informe anual sobre el clima en el país.

El 2021 fue así el año más caluroso desde 1909, cuando el NIWA comenzó su registro meteorológico, y 0.95 grados por encima de la media entre 1981 y 2010.

La temperatura más alta registrada el año pasado alcanzó los 39.4 grados centígrados, registrados el 26 de enero en la localidad de Ashburton, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El 55 por ciento de los días en 2021 tuvo una temperatura por encima de la media, el 26 por ciento se situó por debajo de la media y el 19 por ciento registró niveles más equilibrados.

Una de las consecuencias de las alteraciones climáticas por la crisis climática fueron las fuertes lluvias caídas en julio en medio de un invierno austral inusualmente cálido que provocaron inundaciones en West Coast, Tasman, Nelson y Marlborough, en el norte de la Isla Sur.

Según el NIWA, Nueva Zelanda está sufriendo de manera más frecuente eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías o tormentas en los últimos años.

“Los eventos extremos de los que advertíamos hace unos años están teniendo lugar a lo largo del mundo, con sequías, tormentas e incendios forestares ocurriendo de manera mucho más frecuente que hace solo un par de décadas”, indicó el instituto en un comunicado.

El pasado octubre, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, afirmó que su país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento en 2030, respecto a los niveles de 2005, una medida anunciada semanas antes de la cumbre del clima COP26 de Glasgow.

Nueva Zelanda también se convirtió el año pasado en el primer país que obliga al sector financiero a informar sobre el impacto medioambiental provocado por sus inversiones.