Amnistía Internacional (AI) acusó a Israel de apartheid por su trato a los palestinos y que constituye un crimen de lesa humanidad por el que debe rendir cuentas.
En su más reciente investigación, la organización internacional defensora de los derechos humanos afirmó que a las autoridades israelíes someten a la población palestina a un sistema basado en políticas de “segregación, despojo y exclusión”.
El exhaustivo informe, de 182 páginas, documenta cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid.
El organismo internacional pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y llamó a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid.
“Nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid israelí. Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Concluimos que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Aseveró que no hay justificación para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas. “El apartheid no tiene cabida en nuestro mundo, y los Estados que deciden hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia. Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU están apoyando un sistema de apartheid, menoscabando el orden jurídico internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino”.
¿Qué es el apartheid?
De acuerdo con AI, es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro. Es una violación grave de derechos humanos que está prohibida en el derecho internacional público.
El organismo señaló que en el derecho penal internacional, los actos ilegítimos concretos que se cometen dentro de un sistema de opresión y dominación con la intención de mantenerlo constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.
Estos actos se especifican en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e incluyen los homicidios ilegítimos, la tortura, los traslados forzosos y la negación de derechos y libertades fundamentales.
“Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación en los TPO, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar. El informe documenta también traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos tanto en Israel como en los TPO”, aseguró Amnistía.
Recordó que el homicidio ilegítimo de manifestantes palestinos es el ejemplo más claro de cómo las autoridades israelíes recurren a actos prohibidos para mantener la situación actual. Indicó que en 2018, la población palestina de Gaza empezó a celebrar protestas semanales a lo largo de la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar de los palestinos y palestinas refugiados y el fin del bloqueo.
Antes incluso de que empezaran las protestas, las autoridades israelíes advirtieron de que dispararían a los palestinos y palestinas que se acercaran al muro.
“Al término de 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, 46 de ellos menores de edad”.
