El Gobierno de Dinamarca anunció que permitirá de nuevo la cría de visones a partir de 2023, cuando finalice la prohibición instaurada en 2020 tras el sacrificio de unos 15 millones de animales debido a una mutación del COVID-19.
Las autoridades sanitarias danesas alertaron en otoño de 2020 que esa mutación podría comprometer la eficacia de las futuras vacunas contra la COVID-19, por lo que el Gobierno aprobó de forma urgente matar a toda la población de visones, además de prohibir la cría en el que entonces era el primer productor mundial.
El Instituto Serológico danés (SSI) cree que el riesgo para la salud pública de la reapertura de granjas es “limitado”, debido a que la producción se ha reducido de forma significativa y a que será necesario para los criadores introducir una serie de medidas preventivas contra el contagio.
Entre esas medidas figuran la realización de test de COVID-19 en los animales, obligación de cambio de ropa y de baño antes de tener contacto con ellos y uso de material protector.
Las autoridades revisarán el modelo en primavera, de acuerdo con una nueva estimación del SSI, de modo que las medidas “sigan reflejando el riesgo actual”.
“Para el Gobierno, la cuestión de la cría de visones ha sido únicamente de salud pública. Por eso ha sido un factor decisivo que las autoridades sanitarias consideren ahora defendible reanudar la producción en Dinamarca”, señaló en un comunicado el ministro de Agricultura, Rasmus Prehn.
El “minkgate” (caso de los visones, como se le conoce en Dinamarca) dio origen al mayor escándalo político reciente en este país nórdico, al descubrirse días después del anuncio del sacrificio de los animales y el cierre de granjas que no había cobertura legal, ya que solo estaba permitido el de animales en granjas con contagio o en la zona próxima.
El Gobierno socialdemócrata en minoría aprobó una reforma legal sobre la marcha, ante las protestas de criadores y de la oposición, mientras dimitía el ministro de Agricultura, Mogens Jensen, y se creaba una comisión aprobada por el Parlamento.
Esa comisión concluyó el pasado junio que la actuación del Gobierno fue “muy criticable” y vio fundamento para abrir casos disciplinarios contra varios altos funcionarios, y aunque consideró que las declaraciones de la primera ministra, Mette Frederiksen, fueron “gravemente engañosas”, admitió que no se puede saber si estaba al corriente de la falta de cobertura legal.
El Parlamento danés aprobó en julio una amonestación oficial a Frederiksen, aunque rechazó aplicar otras medidas, como reclamaba la oposición, gracias a los votos de los aliados de los socialdemócratas, que le garantizan la mayoría en la Cámara.
Frederiksen ha reconocido errores en su actuación, aunque los atribuyó a la situación “crítica” en que se encontraba en el país en medio de la pandemia de coronavirus.
