La capital de China, Beijing, cerró parques e impuso otras restricciones mientras el país enfrenta una nueva ola de casos de COVID-19.
Mientras, más de 5 millones de personas seguían confinadas el viernes en sus casas en la ciudad industrial de Guagzhou, en el sur, y en la megaurbe de Chongqing, en el oeste.
Las autoridades chinas reportaron el viernes 10 mil 729 nuevos positivos, casi todos ellos asintomáticos.
Tras las pruebas de detección del coronavirus a las que se someten casi a diario la mayoría de los 21 millones de habitantes de Beijing, en la ciudad se detectaron nuevos 118 contagios. Muchas escuelas de la capital regresaron a las clases en línea, los hospitales restringieron sus servicios y algunas tiendas y restaurantes cerraron y su personal quedó aislado. Videos difundidos en redes sociales mostraban a gente protestando o enfrentándose a policías y trabajadores sanitarios en algunas zonas.
“Se ha convertido en algo normal, como comer y dormir”, dijo Yang Zheng, un trabajador de un servicio de comidas, de 39 años. “Creo que tiene más impacto en los niños, porque tienen que ir a la escuela”.
La exigencia de someterse a pruebas cada 24 o 48 horas es “molesta”, apuntó Ying Yiyang, quien trabaja en marketing.
“Mi vida no es comparable a lo que era hace tres años”, agregó Ying. Las visitas a su familia que vive fuera de Beijing pueden ser complicarse si la aplicación de telefonía que casi todos los chinos están obligados a mostrar no se pone verde para el viaje de regreso a la capital, explicó.
“Simplemente, me quedo en Beijing”, apuntó.
Numerosos pueblos de la periferia de Beijing, donde residen los obreros cuyo trabajo mantiene la ciudad en marcha, estaban confinados. Muchos viven en residencias comunitarias que los conductores de taxis y vehículos compartidos dijeron que estaban evitando ahora para no ser puestos en cuarentena.
El aislamiento en Guangzhou, entre otros lugares, debía terminar el domingo, pero las autoridades han prorrogado repetidamente estas medidas sin explicación.
Los líderes chinos se habían comprometido en la víspera a responder a la frustración pública generada por su estricto protocolo de “cero COVID”, que ha confinado a millones de personas en sus casas y ha trastocado la economía.