El Congreso de Perú aprobó una moción para declarar “persona non grata” al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por trazar un paralelismo con los nazis a causa de la represión de las protestas en territorio peruano desde la detención del expresidente Pedro Castillo.
Petro afirmó en un acto con embajadores que le presentaron sus credenciales que "en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos". Así, dijo que este documento "no se aplica sólo a gobiernos de izquierda", y habló de que en caso contrario se caería en una "doble moral".
En respuesta, el Congreso peruano aprobó una moción --que recibió 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones-- para rechazar las "inaceptables declaraciones" de Petro, que calificó como "una ofensiva a la Policía Nacional de Perú, a Perú y, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos".
Por ello, reclamó a los ministerios de Interior y Exteriores que "cada uno, dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, no ingrese al territorio nacional", según el documento publicado a través de su página web.
En este sentido, solicitó igualmente al Ministerio de Exteriores que presente la moción al embajador colombiano en Perú, al tiempo que expresó “su más profundo pesar" a "los familiares de los policías asesinados el 11 de febrero en el Valle de los Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, al mismo tiempo, reiterar el rechazo al terrorismo, tanto nacional como extranjero".
El ataque del 11 de febrero fue perpetrado en la localidad de Natividad, provincia de La Convención, por presuntos integrantes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, declarada como una organización terrorista en Perú.
Desde la detención de Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, se han registrado numerosas protestas en todo el país, dejando un balance de casi medio centenar de muertos por la represión de las manifestaciones. Los manifestantes exigen la salida de la mandataria, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación del expresidente.
