La policía peruana ha desplegado a miles de agentes en todo el país como medida de seguridad previa a las protestas contra la mandataria Dina Boluarte. Estas manifestaciones exigen la destitución de Boluarte y de los miembros del Congreso. Las protestas se llevan a cabo apenas cuatro meses después de una serie de manifestaciones en diciembre y enero que resultaron en 67 muertos y 1.956 heridos.
La manifestación principal está programada para la tarde y el gobierno ha anunciado que se utilizará la fuerza, incluso armas de fuego, si la vida de los agentes de policía está en peligro.
El ministro del Interior, Vicente Romero, ha declarado al comienzo de esta semana que los líderes de las protestas serán responsables si las manifestaciones se vuelven violentas, y aseguró que ya han sido identificados.
El jefe de la policía, Jorge Angulo, informó el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24 mil policías entrenados para controlar las manifestaciones. Esta medida se toma después de que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaran observaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad peruana entre diciembre y febrero.
A pesar de que el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violencia, la Defensoría del Pueblo ha publicado cifras que indican que solo el 11,5% de las 1.327 protestas realizadas entre diciembre y febrero fueron violentas.
El gobierno ha afirmado que las marchas están siendo financiadas por la minería informal, el narcotráfico y el contrabando. También ha alegado que los manifestantes están utilizando armas de fuego, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas de ello.
Por otro lado, durante estos tres meses de conflicto se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 47 civiles que murieron directamente en enfrentamientos con la policía durante las manifestaciones fueron alcanzados por disparos, según las autopsias revisadas por The Associated Press.
En la mañana del miércoles, se reportaron bloqueos en tres puntos de carreteras en las regiones de Ayacucho, Arequipa y Cusco, a pesar de que hace una semana el gobierno había extendido la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar cortes de tráfico.
El martes, la presidenta Boluarte advirtió que no se permitirán manifestaciones violentas, ya que representan "una amenaza para la democracia".
Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, después de que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Castillo fue detenido ese mismo día y continúa en prisión provisional mientras se le investiga por cargos de rebelión y corrupción. Como vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en la mandataria.
Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte anunció que había propuesto adelantar las elecciones generales a abril de 2024 en un intento por llegar a un acuerdo con el Congreso. Sin embargo, en junio la mandataria cambió de opinión y afirmó que permanecería en el poder hasta 2026, cuando finaliza el período presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien comenzó su mandato en 2021.
Entre enero y marzo, el Congreso archivó cinco propuestas para adelantar las elecciones, una de ellas presentada por la mandataria. Durante este tiempo, se han producido sucesivas manifestaciones, especialmente en los Andes del sur y en la capital. Tanto el Congreso como Boluarte tienen altos índices de impopularidad, según todas las encuestas.
