El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, ha anunciado hoy desde Washington que la entidad llevará a cabo más de 60 nuevas imputaciones como parte de la extensa pesquisa sobre la trama de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en el país.
“El día jueves en la ciudad de Cartagena vamos a hacer un anuncio muy importante con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en donde vamos a formular más de 60 nuevas imputaciones”, declaró el líder de la entidad investigadora en la capital estadounidense.
En relación con este escándalo de corrupción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instruido a la Cancillería a que utilice todos los recursos de colaboración legal con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para determinar los perjuicios y las compensaciones que la confesión del Grupo Aval acarrea para el Estado colombiano.
De acuerdo con el Fiscal Barbosa, estas nuevas imputaciones representarían un paso cercano al cierre definitivo del caso Odebrecht en Colombia. El alto funcionario explicó a los medios que, al asumir su cargo en la Fiscalía en 2020, encontró un proceso desorganizado respecto a este escándalo, el cual se ha consolidado desde entonces.
En el marco de este escándalo de corrupción, se han imputado cargos a más de 100 personas, incluyendo ministros y otras personalidades destacadas. Entre los acusados se encuentra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga.
La Fiscalía había anunciado previamente la imputación de cargos a Zuluaga por "delitos de falsificación de documento privado, manipulación procesal y enriquecimiento ilícito de particulares".
Barbosa informó que hay aproximadamente 110 imputaciones vinculadas al caso Odebrecht, incluyendo a exfuncionarios de renombre.
Sobre la solicitud del presidente colombiano, Barbosa aclaró que la cooperación judicial se da entre las fiscalías, que forman parte del sistema judicial y no del ejecutivo.
El último desarrollo en el caso Odebrecht surgió a raíz de la instrucción del presidente Petro para que se solicite cooperación legal a Estados Unidos y Brasil con el fin de profundizar en la investigación de la corrupción de la constructora y su conexión con el Grupo Aval.
El Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más adinerados de Colombia, posee la mayoría de acciones en Corficolombiana, empresa vinculada a los sobornos pagados por Odebrecht en el país para obtener el contrato de construcción de la carretera Ruta del Sol II, que conecta el centro con el norte de la nación.
El pasado viernes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al Grupo Aval de infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lo que llevó al conglomerado a acordar el pago de 40 millones de dólares para resolver los cargos. Por su parte, Corficolombiana suscribió un acuerdo de "enjuiciamiento aplazado", comprometiéndose a pagar 20 millones de dólares.
De acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, Odebrecht pagó sobornos por valor de 11 millones de dólares en Colombia como parte de su extensa red de corrupción en América Latina y África.
No obstante, durante el tiempo de Martínez al frente de la Fiscalía, se estimó en 84,000 millones de pesos colombianos (equivalentes a unos 20.8 millones de dólares actuales) la suma de los sobornos pagados por la constructora en el país.
