Hoy, el Gobierno japonés ha confirmado sus planes de iniciar el vertido controlado de agua radiactiva tratada proveniente de la central nuclear de Fukushima en el océano Pacífico, a partir de este jueves.

A pesar de esta decisión, se han desatado manifestaciones en la sociedad japonesa y en la industria pesquera nacional, así como en naciones vecinas como China y Corea del Sur.

La seguridad del vertido ha sido examinada minuciosamente tanto por el Gobierno como por la empresa propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO). El primer ministro japonés, Fumio Kishida, confirmó que después de una reunión con los ministerios encargados de la gestión de la catástrofe nuclear, se ha determinado que las condiciones son apropiadas para proceder con el vertido.

Esta medida sigue a la visita del mandatario a la planta del noreste del país durante el fin de semana pasado, con el fin de inspeccionar los preparativos en curso. Además, el plan cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El inicio del proceso de liberación está programado para el próximo jueves, día 24, sujeto a condiciones meteorológicas y marítimas favorables. El agua que se va a liberar es una combinación de líquido contaminado proveniente del enfriamiento de los reactores dañados y combustible fundido ocasionado por el desastre nuclear originado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, así como de filtraciones de agua de lluvia en el área durante la última década.

Durante años, esta agua ha sido almacenada en tanques después de un riguroso proceso de tratamiento que buscaba reducir la presencia de elementos radiactivos. No obstante, el espacio de almacenamiento y la capacidad de los contenedores se han vuelto insuficientes.

Hasta finales de julio, aproximadamente 1.34 millones de toneladas de agua tratada estaban almacenadas, lo que representa alrededor del 98 % de la capacidad máxima de almacenamiento.

La sustancia líquida, previamente mezclada con agua marina para su dilución, contiene concentraciones bajas de tritio, un isótopo radiactivo, y otros restos de materiales radiactivos. Dichas concentraciones se consideran seguras dentro de los límites establecidos por estándares internacionales para la industria nuclear, según afirmaciones del OIEA.

Protestas en Japón y desde países vecinos

Pese a esta argumentación, la comunidad pesquera del país, y en especial los pescadores locales de Fukushima, han mostrado su rechazo a la iniciativa, por el nuevo golpe que el vertido supondrá para la reputación de las capturas de la zona, ya lastradas por las consecuencias de la crisis nuclear.

“No hay ningún cambio en nuestra postura contra la medida, porque como venimos insistiendo se trata de un vertido al mar que no cuenta con la comprensión de los pescadores ni del pueblo japonés”, señaló hoy en un comunicado la federación nacional de pescadores de Japón.

“El único deseo de los pescadores es poder volver a pescar con seguridad como antes del accidente”, dijo la federación.

Este mismo martes, varios centenares de personas se congregaron frente al Parlamento nipón para protestar contra el vertido, que se prevé que se prolongue en el tiempo varias décadas, en paralelo al largo y complejo proceso de desmantelamiento de la planta.

La organización ecologista y antinuclear Greenpeace también criticó este martes la decisión de Tokio de proceder al vertido desde este jueves, y señaló que la medida “ignora la evidencia científica”, en un comunicado.

“Viola los derechos humanos de las comunidades en Japón y la región del Pacífico y no cumple con el derecho marítimo internacional. Lo que es más importante, ignora las preocupaciones de su pueblo, incluidos los pescadores”, según la ONG.

El Gobierno de Corea del Sur, por su parte, volvió a señalar hoy que no ve problemas científicos ni técnicos en el plan nipón para deshacerse del agua, en contraste con el rechazo a esta medida que sigue manteniendo el principal partido opositor del país, y que también han expresado organizaciones ecologistas surcoreanas.

Pekín, asimismo, volvió a exigir hoy a Tokio que detenga el vertido y señaló que seguirá tomando medidas “para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos chinos”, a través de su portavoz de Exteriores Wang Wenbin.