Las autoridades guatemaltecas han tomado medidas decisivas para garantizar la seguridad del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien está programado para asumir su cargo el 14 de enero de 2024.
Estas acciones se desarrollan en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles complots dirigidos a eliminarlo.
La victoria de Arévalo en las elecciones presidenciales del pasado domingo, lograda en un balotaje altamente disputado, se basó en una promesa contundente: erradicar la corrupción que ha afectado al país durante años. Su camino hacia la presidencia no ha sido sencillo, enfrentando diversos obstáculos legales que buscaban descarrilar su candidatura.
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El anuncio del refuerzo en la seguridad surgió en respuesta a un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. La CIDH instó a Guatemala, este jueves, a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de Arévalo y su futura vicepresidenta, Karin Herrera. Esta petición se basa en amenazas creíbles y la presunta existencia de dos planes para atentar contra sus vidas.
El gobierno emitió un comunicado en el que señaló que los informes sobre los supuestos planes para atentar contra los líderes electos fueron recibidos el 20 de agosto. Esto permitió la rápida coordinación con la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) para implementar medidas de seguridad adicionales.
La Fiscalía General también jugó un papel crucial en esta respuesta de seguridad. Se ha informado que obtuvieron alertas e información sobre posibles amenazas provenientes de estructuras criminales y pandillas, lo que podría poner en peligro la vida de Arévalo. En consecuencia, se trabajó en estrecha colaboración con la policía para establecer las medidas necesarias.
Funcionarios gubernamentales mantuvieron conversaciones telefónicas con Arévalo y Herrera, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad ya existentes y aumentar el número de elementos de seguridad según lo requiera la situación. Estas acciones se llevarán a cabo en línea con las recomendaciones de la CIDH.
Tanto Arévalo como Herrera habían estado bajo la protección de escoltas del cuerpo de seguridad de la presidencia guatemalteca desde que avanzaron al balotaje en junio pasado.
El triunfo de Bernardo Arévalo, un sociólogo y diputado con orientación socialdemócrata, marca el fin de 12 años de gobierno de derecha en Guatemala. Sin embargo, esta victoria no ha estado exenta de controversia. Sectores poderosos, tanto en el ámbito público como privado, han sido acusados de corrupción y han expresado su descontento ante el cambio de rumbo propuesto por el presidente electo.
Arévalo, visto como un símbolo de esperanza para un país afectado por la pobreza, la violencia y la corrupción, ganó el balotaje con el 58 por ciento de los votos. Su competidora, Sandra Torres, también socialdemócrata, obtuvo el 37 por ciento de los votos y era percibida como la candidata que representaba la continuidad de las políticas anteriores.
