En una vista judicial llevada a cabo este lunes en Tailandia, el español Daniel Sancho negó rotundamente haber asesinado premeditadamente a Edwin Arrieta, el cirujano colombiano cuya muerte ha conmocionado al país asiático.

Sancho, de 29 años y en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, asistió a una vista preliminar en la que se le imputaron tres delitos: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y ocultación de partes del cuerpo de la víctima.

Durante la audiencia, Sancho, que contó con un intérprete del tailandés al español, se declaró no culpable de asesinato premeditado y afirmó que la muerte de Arrieta fue resultado de un accidente. Sin embargo, el juez le recordó que su declaración debía centrarse en aceptar o negar su culpabilidad en este momento procesal.

El acusado también rechazó haber sido responsable de la desaparición del pasaporte del colombiano, aunque admitió su culpabilidad en relación con el desmembramiento y ocultación de partes del cuerpo de la víctima, según informaron fuentes cercanas al proceso.

Esta nueva declaración marca un giro en el caso, ya que previamente, Sancho había confesado el crimen premeditado ante la Policía tailandesa poco después de su arresto en la isla de Phangan, donde supuestamente se cometió el homicidio el pasado 2 de agosto.

Se espera que la defensa se enfoque ahora en argumentar que la muerte de Arrieta ocurrió de manera accidental durante una pelea y no fue un asesinato premeditado, como sostiene la Policía y el fiscal.

Expertos legales consultados por la agencia EFE subrayaron la importancia de lo que Sancho testificará durante el juicio, ya que las declaraciones hechas durante los interrogatorios policiales suelen recibir menos peso en el proceso judicial.

El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, explicó que el acusado tiene derecho a cambiar su declaración en cualquier momento, aunque advirtió que esto podría alargar el proceso legal. 

Daniel Sancho. / Foto: EFE

Jeerawat admitió además que ahora tendrá que ser él quien tenga que demostrar con pruebas que el asesinato fue premeditado, y recordó que la autopsia no determina al cien por ciento la causa de la muerte de la víctima, ya que faltan partes fundamentales como el tórax, que nunca se ha encontrado.

El asesinato con premeditación se castiga en Tailandia con la pena de muerte, que en caso de ser confesado se reduce a cadena perpetua o a numerosos años de cárcel.
 
Durante la vista de hoy, el joven español dijo al juez que quería prescindir de los servicios del abogado de oficio Krit Sudthanom, que le fue asignado el pasado 26 de octubre, cuando el acusado se personó ante el tribunal sin un abogado particular.

Según dijo hoy el propio abogado a las puertas del tribunal, Sancho solicitó un nuevo abogado, que será también nombrado por el juez en una nueva vista que se celebrará el próximo 27 de noviembre.

Sancho, que no ha llegado a reunirse con Krit, argumentó que quería prescindir de ese abogado porque no estaba satisfecho con su comportamiento y actuación y solicitó una nueva asistencia de oficio al tribunal, según informó a EFE una fuente relacionada con el caso.

El español no tenía abogado en Tailandia -donde solo puede ser defendido por uno tailandés- desde el 7 de septiembre, después de que el padre del acusado, Rodolfo Sancho, prescindiera de los servicios del letrado Anan Chuayprabat por “discrepancias en la defensa”.

El padre de Sancho cuenta en España con el apoyo y asesoría del bufete Marcos García-Montes y el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás.

Daniel Sancho, escoltado por agentes de la policía tailandesa. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Al juzgado de Samui también acudió hoy por primera vez el abogado tailandés que representa a la familia de Edwin Arrieta, después de que el pasado viernes anunciaran que los familiares de la víctima buscan personarse en el juicio contra Daniel Sancho.

Según informó hoy el tribunal, el próximo 27 de noviembre se estudiará la petición de la familia de Arrieta de formar parte de la acusación.

También el día 27 se llevará a cabo un proceso de verificación de pruebas de la Fiscalía y la defensa, lo que dará paso a un juicio que se podría celebrar entre febrero y abril de 2024.