El Estado mexicano, en una palabra, imposibilitado para pagar su deuda externa. Esto trajo consigo daños colaterales: una inflación por niveles superiores a 100 por ciento, estancamiento del crecimiento económico prácticamente por una década, que lo orilló a iniciar una serie de procesos de transformación estructural en sus instituciones y en sus políticas públicas.
¿Y el proceso educativo?
Cierto, el Estado mexicano ha sufrido varias transformaciones ligadas a periodos históricos bien definidos. Amerita por ello, entonces, un análisis de los acontecimientos más recientes del llamado México contemporáneo. Su inicio podría sincronizarse en los sesenta (mucha gente lo hace en 1968 -y otros- a mediados de los setenta, en consonancia con algunas de las primeras reformas políticas del Estado).
El hecho es que en los últimos 30 años, el país ha transitado por un proceso histórico dinámico y al mismo tiempo complejo. En ese periodo, se modificaron todos los componentes del Estado nacional: en su funcionamiento, en su integración, eficacia y objetivos políticos, económicos y sociales. Pero a la zaga quedó el fortalecimiento del proceso educativo, frente a la apertura comercial, a la desregulación de la economía nacional, a las políticas de ajuste administrativo, los procesos de privatización y descentralización administrativa, aunado a una restricción del gasto social y reconversión laboral.
Resulta irónico: en 1994 se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC). El país “se incorporaba” a un bloque comercial conformado también por Estados Unidos y Canadá. México debutaba en la economía mundial, sin que en el círculo de la toma de decisiones consideraran adaptar al sistema educativo a las nuevas realidades del país. De 1994 a 2010, por ejemplo, todos los gobiernos –incluidos los de alternancia política federal y estatales- no consideraron, acaso, la introducción de la enseñanza del inglés en el modelo educativo. No se meditó una segunda lengua (inglés), como una tarea estratégica para la viabilidad del país en términos de competencia mundial. Son los remanentes de ese periodo, que hicieron tácita la insatisfacción social, regionalmente, en la transición hacia el siglo XXI, sobre el estado que guardan los sistemas educativos.
A nivel regional, en Brasil, Argentina, Chile, en el cono sur; República Dominicana, en el Caribe, los docentes han fortalecido su identidad como organización gremial, pero también como profesionales que se comprometen con la calidad de la educación, al crear espacios necesarios, indispensables, básicos, para que sean reconocidos como interlocutores en cualquier reforma. Son docentes adheridos a un gremio.
Reformas educativas
En México ¿Hay -o no- resistencia de los docentes al cambio? El posicionamiento en torno a este interrogante ha derivado en un amplio debate público nacional incluso –para algunos sectores, en un detonante mediático, que en la disección de su línea argumentativa evidencia, en una primera lectura, un alineamiento a un planteamiento nacional: mejorar la calidad de la educación, aunque en los hechos no han formulado propuesta alguna para trazar, o por lo menos, esbozar un plan de obra para arribar a tal meta.
La formación y capacitación, carrera docente y evaluación del desempeño docente, son hoy fórmulas indisolubles, y ejes del análisis y debate público, en el tránsito hacia trasformación del de un modelo educativo nacional.
Hacia un nuevo paradigma educativo
La educación es un proceso realizado fundamentalmente por los maestros. Aun con instrumentos complementarios (cuaderno, pizarrón, computadora o internet), la labor educativa se realiza de manera predominante por el capital humano. Existe educación en la sierra de Chihuahua o en la sierra de oaxaqueña si hay un maestro. Los cuadernos y las computadoras por si solos no generan educación. De tal manera que es natural que el maestro actúe como objeto y sujeto del proceso educativo y opine sobre éste. Es él quien lo lleva a cabo. No querer que los maestros tengan injerencia en el proceso educativo es excluir a quienes más saben del proceso y otorgárselo a burócratas o a empresarios.
La educación es un proceso que los maestros conocen mejor que nadie. Eso no significa que deba realizarse sólo por ellos. Para eso tenemos un aparato de gobierno con capacidad de planificación, organizativa y administrativa, y el cual debería tener un papel mucho más eficiente del que ha tenido en los últimos años al organizar la labor colectiva de más de un millón de maestros, 30 millones de alumnos y más de 200,000 escuelas.
Y eso implica interlocución, reflexión, diálogo, coincidencias, por encima de las descalificaciones. El magisterio, como se sabe, es –y continuará siéndolo- un promotor de la movilidad social entorno a la agenda educativa. Lo ha hecho desde 1989 con los “10 Diálogos Nacionales y la Movilización para la Modernización del Sistema Educativo”. Está en marcha su V Congreso Nacional de Educación. Como interlocutor, sin duda alguna, generará al término del mismo, en mayo de 2012, los insumos que ayuden al nuevo gobierno a encaminar al sistema educativo nacional hacia un modelo educativo de calidad incluyente, acorde a las regiones de todo el país.
En todo caso, quedará en manos del próximo gobierno federal la definición de las políticas educativas. El magisterio se ha pronunciado por llegar a un acuerdo -desde los resolutivos de su IV Congreso Nacional de Educación (2007)- que arribe a una política de Estado en el sector, por encima de la vigencia sexenal y fuera del cualquier color partidista y que –a la vez- dote al sistema educativo del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que marca la Ley General de Educación.
