Este viernes, una corte de justicia en Ecuador ha emitido una orden de prisión preventiva contra Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Glas se encuentra actualmente en la embajada de México en Quito, a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo.
El juez Felipe Córdova ha aceptado la petición de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y ha ordenado la prisión preventiva tanto para Jorge Glas como para otro imputado en el mismo caso, Carlos B. Además, para Pablo O., el tercer involucrado en el caso, se ha impuesto una prohibición de salida del país.
El caso en cuestión se refiere a la presunta malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de la provincia costera de Manabí, que fue afectada por un poderoso terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 85 elementos de convicción como pruebas contra los acusados.
La audiencia se llevó a cabo después de varios intentos, con un retraso de 7 meses desde que la Fiscalía solicitó formalmente la fecha y hora para formular cargos, y más de un mes después de que el juez Luis Rivera pidiera "autorización" a la Asamblea para procesar a Jorge Glas, quien anteriormente había sido condenado a prisión por otros casos de corrupción.
Jorge Glas ingresó a la embajada de México en Quito el 17 de diciembre pasado y solicitó asilo diplomático, aunque en ese momento no pesaba ninguna orden de prisión en su contra, según la Fiscalía.
El exvicepresidente ha expresado su intención de revertir su condena anterior, ya que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló pruebas relacionadas con el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht, que habían afectado a políticos de la región.
La defensa de Glas ha cuestionado por qué no fue procesado en el caso "Reconstrucción" cuando estuvo en prisión anteriormente, alegando una presunta persecución política en su contra.
Esta situación se ha intensificado después de la solicitud de un juicio político en el Parlamento contra la fiscal Diana Salazar, acusada de "incumplimiento de funciones" por el movimiento correísta Revolución Ciudadana.
