El Ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad al Maliki, celebró este viernes el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pidió a Israel a "tomar las medidas necesarias para evitar un genocidio". Maliki recordó que las decisiones de este tribunal de la ONU son de "obligado cumplimiento".
En un comunicado difundido por su ministerio, Maliki declaró: "Palestina da la bienvenida a las medidas provisionales ordenadas por la CIJ contra Israel hoy. Los jueces analizaron los hechos y la ley y fallaron a favor de la humanidad y la ley internacional".
Este dictamen surge como respuesta a la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
El tribunal, en su fallo, exigió a Israel "adoptar medidas inmediatas y efectivas" para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y "castigar" cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos. Sin embargo, no instó a un alto el fuego en la Franja.
Maliki hizo un llamado a todos los estados para garantizar la implementación de las medidas provisionales, destacando que esto constituye una "obligación jurídica vinculante", incluyendo a Israel, a quien se refirió como la "potencia ocupante".
Hizo hincapié en que la orden de la CIJ es un "recordatorio importante" de que ningún país está por encima de la ley, instando a que sirva como una "llamada de atención para Israel y los actores que permitieron su arraigada impunidad".
El ministro palestino expresó su agradecimiento a Sudáfrica, subrayando que los estados ahora tienen "obligaciones jurídicas claras" para detener la presunta "guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza" y asegurarse de que no sean cómplices.
La CIJ, en una sesión para anunciar medidas provisionales como parte del caso iniciado por Sudáfrica, también llamó a Israel a "asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto" prohibido por la Convención sobre el Genocidio.
Sudáfrica presentó su demanda a finales de diciembre, y las primeras audiencias se llevaron a cabo en La Haya los días 11 y 12 de enero, donde ambos países expusieron sus argumentos.
Israel ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamento y se basan en argumentos "espurios" y "engañosos", según un portavoz del gobierno israelí.
