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Después de cuatro días de intensas manifestaciones y cierres de negocios en protesta por la suspensión definitiva de las visitas al centro arqueológico de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, se anunció la reanudación de las actividades turísticas.
El Gobierno de Perú había cedido la venta de entradas a la empresa Joinnus, desencadenando la furia de los pobladores, quienes calificaron la medida como una "privatización sistemática".
Los peruanos se manifestaron en las calles bloqueando accesos y cerrando establecimientos en un esfuerzo por evitar la concesión, temiendo el cierre permanente al público del emblemático sitio.
La población expresó su rechazo, argumentando que la medida afectaría negativamente al acceso local y acusando al Gobierno de una privatización encubierta.
La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urtega, anunció que tras intensas negociaciones entre las autoridades de Cusco y los pobladores, se logró un acuerdo para reabrir Machu Picchu.
Urtega afirmó en un mensaje que "se levanta el paro" y destacó la importancia de reactivar la economía local y permitir que quienes se encontraban en Cusco durante las manifestaciones regresen a disfrutar de la maravilla histórica.
El levantamiento del paro de labores fue anticipado luego de que la ministra atendiera las solicitudes de los manifestantes plasmadas en un pliego petitorio. Entre las demandas estaba la inclusión de la comunidad en la gestión del servicio y la apertura de nuevos caminos turísticos.
La empresa Joinnus, señalada como responsable de la venta y recepción económica de los boletos, se comprometió a colaborar con las autoridades para resolver el descontento generado.
A pesar de las críticas, el Gobierno de Perú negó que la decisión estuviera orientada hacia la privatización, asegurando que buscaba facilitar la gestión de las visitas y prevenir fraudes turísticos en los accesos al sitio arqueológico.
