En los últimos 37 días, más de 8 mil personas han sido detenidas en Ecuador como parte de la intensificación de las operaciones contra el crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa declaró un "conflicto armado interno" a principios de enero, considerando a las bandas dedicadas al narcotráfico como grupos terroristas.
El último informe gubernamental publicado este jueves revela que el número de detenidos ha alcanzado los 8,080, con 241 de ellos acusados de "terrorismo". Además, durante este período, se han incautado más de 52 toneladas de drogas en el país.
Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo un total de 98,890 operaciones conjuntas, con 153 de ellas dirigidas específicamente contra bandas criminales ahora designadas como grupos terroristas. Entre los elementos decomisados se encuentran 2,405 armas de fuego, 12,433 explosivos, 167,024 balas, mil 236 cargadores de balas y 3,422 armas blancas.
Durante el estado de excepción, ocho presuntos terroristas han sido abatidos por las fuerzas del orden. Dos miembros de la Policía han perdido la vida, mientras que no se han registrado bajas en las filas militares.
Además de las detenciones, se ha llevado a cabo la confiscación de 979 vehículos, 931 motocicletas y 28 embarcaciones, incluido un semisumergible utilizado para transportar drogas. También se han asegurado 195,398 dólares y 47,360 galones de combustible.
En cuanto a la seguridad carcelaria, 34 reos han sido recapturados de los casi 90 que se fugaron a principios de año durante motines en las cárceles, donde se liberaron a 200 rehenes entre guardias y policías.
El presidente Noboa identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes". Esta clasificación otorga a las Fuerzas Armadas y la Policía la autorización para utilizar todos los recursos necesarios para neutralizarlos.
La escalada de violencia en Ecuador comenzó cuando el presidente estaba a punto de implementar su 'Plan Fénix' contra el crimen. Aunque inicialmente dirigido a recuperar el control de las prisiones, la violencia se extendió a las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023.
