La Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió este jueves no imponer "medidas provisionales" contra Ecuador tras la demanda de México por el asalto en abril a su Embajada en Quito, que resultó en la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tenía asilo diplomático.
El Tribunal concluyó que las circunstancias actuales no justifican la necesidad de dictar medidas cautelares. Destacó que solo puede ordenar tales medidas si hay una "urgencia" o un "riesgo real e inminente" de causar "daño irreparable a los derechos en disputa".
Además, subrayó la importancia de los principios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, resaltando que la inviolabilidad de diplomáticos y embajadas es fundamental en las relaciones entre Estados. La diplomacia, con sus privilegios e inmunidades, ha demostrado ser esencial para la cooperación internacional.
La politóloga y abogada constitucionalista Angélica Porras Velasco aclaró que esta decisión no prejuzga el fondo del asunto, ni exime a Ecuador de cumplir con las normas internacionales y su compromiso ante la CIJ de no invadir el espacio mexicano ni realizar actos que empeoren la situación.
México, que rompió relaciones diplomáticas con Quito, solicitó a la Corte suspender a Ecuador como miembro de la ONU y realizar "una reparación integral". También pidió medidas provisionales para que Ecuador garantice la plena protección de su sede diplomática, bienes y archivos, protegiéndolos de cualquier intrusión.
Las autoridades mexicanas denunciaron que al menos 15 agentes especiales ecuatorianos ingresaron "sin autorización" a su Embajada, agredieron a Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador, y detuvieron a Glas, refugiado en la Embajada desde diciembre.
Alegaron que el incidente no fue aislado, sino parte de una serie de actos de intimidación y acoso desde la llegada de Glas y su solicitud de asilo.
La demanda se presentó ante la CIJ el 11 de abril y fue confirmada el mismo día.
Posteriormente, Quito respondió con una contradenuncia. En respuesta a la demanda de México, se realizaron audiencias públicas el 30 de abril y el 1 de mayo, donde ambos países presentaron sus argumentos.
