La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este martes órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, responsabilizando a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia de crímenes de guerra por “dirigir ataques a objetivos civiles y causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles”, además de un crimen de lesa humanidad por “actos inhumanos” definidos en el Estatuto de Roma.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó la aprobación de estas órdenes, acusando a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de cometer dichos crímenes, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitarlos.
“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023”, señalaron los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares.
Durante ese período, las fuerzas armadas rusas realizaron “numerosos ataques contra múltiples plantas de energía eléctrica y subestaciones en diversas localidades” de Ucrania.
En la foto: Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor (izq.), y Serguéi Shoigú, ex ministro ruso de Defensa (der.) / Archivo Reuters
La Sala también considera “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que, para aquellas instalaciones que podrían haber sido objetivos militares, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.
Además, denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo según una política estatal”, lo que indica que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.
Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.
Estas órdenes de detención no son las primeras que emite la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. En marzo, se ordenó el arresto de dos militares rusos, el teniente general Sergey Kobylash y el almirante Viktor Sokolov.
Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova por la deportación ilegal de menores ucranianos, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
