El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia por prevaricación contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia fue presentada a través de la Abogacía del Estado, según informaron fuentes de la Presidencia.
El escrito de la Abogacía, organismo encargado de la asistencia jurídica al Estado, solicita diversas diligencias y subraya que la querella no es un ataque al poder judicial, sino una respuesta a la “arbitrariedad” y el “injusto proceder” del juez contra el presidente.
La denuncia sostiene que la declaración tomada este martes "contraviene la normativa" y despoja a la Presidencia de las garantías legales establecidas desde 1882.
La querella contra el juez Juan Carlos Peinado se produce después de que Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar como testigo en la investigación sobre presunta corrupción y tráfico de influencias contra su esposa. Esta situación llevó a Sánchez a plantearse su dimisión en abril, según los abogados presentes.
Antonio Camacho, exministro del Interior y abogado de Begoña Gómez, informó que el testimonio de Sánchez duró dos minutos. Según la legislación española, los cónyuges pueden negarse a responder preguntas cuando son citados por un juez. Sánchez respondió que Begoña Gómez era su esposa y que no quería declarar.
La investigación preliminar busca determinar si Begoña Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para obtener patrocinadores para un máster universitario que dirigía. Sánchez ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas y orquestadas por enemigos políticos de derecha.
El juez Peinado entrevistó a Sánchez en el palacio de La Moncloa, donde también estuvieron presentes el abogado de Gómez, representantes de la fiscalía y un abogado del partido de ultraderecha VOX, que utiliza la figura de la “acusación popular” para presentar querellas criminales.
Un grupo de manifestantes se reunió frente a La Moncloa gritando consignas contra Sánchez y el Partido Socialista (PSOE). Es la primera vez que un presidente del Gobierno español en funciones es llamado a declarar en un caso judicial desde que Mariano Rajoy fue citado como testigo en 2017 en un caso de corrupción que llevó a la condena de varios miembros del Partido Popular y a una moción de censura que permitió a Sánchez asumir la presidencia en 2018.
