Cada vez que entona alto Y llevas en tu alma / la virginal pureza, aprieta fuerte con los dedos el tercer botón de su camisa negra y las venas del cuello se le inflaman como dos tuberías. Mauricio Vargas Mota y su banda al estilo sinaloense están cantando el viejo bolero mexicano Perfume de gardenias mientras al otro lado de un montículo de arena, los sepultureros entierran a su prima. Un grupo de encapuchados entraron el dos de enero en su casa y delante de su familia la asesinaron con cuatro balazos en la cabeza. Gisela Mota Ocampo, de 33 años, era la nueva alcaldesa de Temixco. Llevaba tan solo un día en el cargo.

“El año no ha empezado bien”, dice un vecino con un crucifijo de plata al cuello y los zapatos manchados de polvo del cementerio de este pequeño municipio —98.000 habitantes— del Estado de Morelos, en el centro del país. En Año Nuevo el pueblo amaneció con dos macabras premoniciones. Un cadáver en una fosa en el campo y otro cuerpo descuartizado en una carretera.

La investigación del asesinato de la alcaldesa, enterrada este domingo entre vítores por sus vecinos, dibuja un triángulo entre las tres muertes recientes. La Fiscalía de Morelos tiene ya en sus manos a tres detenidos, presuntos integrantes del cartel Los Rojos, uno de los grupos mafiosos que con más fuerza está pretendiendo imponer le ley de dinero o muerte en la zona. Las autoridades apuntan a este grupo originario del vecino Guerrero como responsables del homicidio de la joven alcaldesa perredista —la izquierda mexicana—que en su discurso de toma posición lanzó un vehemente y duro mensaje contra la extorsión y el secuestro, dos de los principales tumores de Temixco y de todo el Estado. “Ella era muy buena. Estaba tan limpia que no quería ni guardaespaldas. Decía que no quería que murieran otros por ella”, añade el hombre del crucifijo, que prefiere no dar su nombre porque “aquí todos murmuran”.

Por su cercanía con la capital mexicana y su buen clima, Morelos —1,7 millones de habitantes— es considerada una zona residencial para las clases acomodadas del Distrito Federal. Pero su proximidad con puntos calientes como Guerrero, Estado de México y Michoacán ha provocado en los últimos años la llegada de los grandes grupos criminales. En 2009 la Marina abatió a tiros en una lujosa mansión de Cuernavaca, la capital del Estado, a Arturo Beltrán Leyva, el máximo dirigente por entonces del cártel de Sinaloa. Morelos registró en 2013 la tasa de secuestros más alta de México: 8,5 por cada 100.000 habitantes. Las cifras han ido bajando, pero el año pasado aún ocupaba la segunda plaza tanto en raptos como en extorsiones, a lo que se suma la alerta de género lanzada el pasado agosto.

Ante la crecida de los índices de criminalidad en su territorio, el gobernador Graco Ramírez —también perredista— decidió en 2014 imponer el llamado Mando Único, una medida que consiste en subsumir a todas las fuerzas policiales bajo el mismo paraguas estatal en un intento de neutralizar la penetración de las mafias en las instituciones locales, las más vulnerables al poder corrosivo del narco.

El operativo policial, que además de los tres detenidos, abatió a otros dos presuntos delincuentes en la tarde del sábado, está pilotado porAlberto Capella, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública. El que fuera el antiguo jefe policía en Tijuana durante los peores años de la guerra con el narco desde la frontera con EE UU, es ahora el encargado de aglutinar bajo su manto a las 33 policías municipales de Morelos y vencer las resistencias de los alcaldes que no quieren perder el poder que supone tener una policía propia.

“En Morelos hay una crisis política más que delincuencial. Algunos alcaldes quieren debilitar al Mando Único y eso está permitiendo que el narco haga política otra vez. Está regresando al control municipal. Pero en Temixco estamos avanzando en una línea de averiguación muy sólida, que nos va a permitir solucionar no uno sino varios de los últimos homicidios”, explica por teléfono el sheriff Capella. La alcaldesa de Temixco, que sí era partidaria de ceder las competencias policiales al Estado, habría sido víctima de esa crisis. No quiso colaborar y la mataron. Dinero o muerte.

La casa de Mota Ocampo está en la parte alta del pueblo, pasando los famosos balnearios a los que acuden sobre todo turistas del interior de México. En una calle sin asfaltar, con muros de abasto, la única luz que ilumina la entrada es un neón blanco sobre el portón de madera. Alrededor de las siete de la mañana del sábado, siete individuos encapuchados y armados saltaron los muros e irrumpieron en el domicilio donde vivía la alcaldesa junto a sus padres, su hermana, su cuñado y dos sobrinos. Uno de los muchachos, que también prefiere no dar su nombre, recuerda que los agresores les sacaron a todos de la cama y los hicieron tumbarse boca abajo en el salón: “A mi tía le dijeron que fuera gateando hasta la puerta. Creíamos que la iban a secuestrar. Pero ella se volteó para mirarnos y entonces le dispararon cuatro veces en el cuello”.

En la última década, 71 alcaldes han sido asesinados en el país, según datos de la Asociación de Autoridades Locales de México. Mientras que otros tantos acabaron fundiéndose en las redes del narco, como fue el caso del edil de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes. Muchos analistas consideran a Morelos -uno de los pocos Estados en que impera el Mando Único y no de manera total- como el laboratorio de la nueva política de seguridad que aspira a implantar el Gobierno de Enrique Peña Nieto. | El País