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Europa pide a México asumir el informe del GIEI, y un mecanismo de consulta “fuerte” con la CIDH

Un portavoz de la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo: “Confiamos en que las recomendaciones del grupo sean tomadas en consideración por las autoridades mexicanas y que se establezca un fuerte mecanismo de control en consulta con la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH)”.

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La Unión Europea confió hoy en que las autoridades mexicanas sigan las sugerencias del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Confiamos en que las recomendaciones del grupo sean tomadas en consideración por las autoridades mexicanas y que se establezca un fuerte mecanismo de control en consulta con la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH)”, según un portavoz de la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini.

La UE recordó que el GIEI publicó este semana su informe final sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Ayotzinapa de México, ocurrida en Iguala en 2014.

Los Veintiocho “toman nota del extenso trabajo llevado a cabo por el grupo y de la valiosa contribución que ha hecho a la investigación, en cooperación con las autoridades mexicanas y las familias de las víctimas”, indicó el portavoz en un comunicado.

“Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestra solidaridad y profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas”, añadieron las fuentes.

El Grupo de expertos sostuvo que las autoridades intentaron “meter debajo de la alfombra” la tragedia de Iguala y criticaron el “rechazo latente” de la Procuraduría a versiones distintas a la oficial y la tortura de al menos 17 testigos detenidos.

En su informe, el GIEI denunció graves faltas en la investigación oficial del caso de los normalistas de Ayotzinapa. El grupo planteó cómo la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha estado plagada de irregularidades y omisiones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

El documento de más de 600 páginas habla sobre casos de tortura en las personas detenidas por la desaparición de los estudiantes y sugiere que en las escenas del crimen, como fue el caso del basurero de Cocula y las inmediaciones del Río San Juan, se pudo haber sembrado evidencia. También acusa el bloqueo por parte del Gobierno de México a su investigación como fue el impedimento para entrevistar a implicados y a los militares presentes esa noche y las negativas para atender líneas de investigación.

El GIEI también cuestionó la alteración de las escenas del crimen como es la visita a escondidas que hizo el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallará los únicos restos humanos, así como la repentina aparición de 42 casquillos y la desaparición de una moto de personal militar que simplemente se extravió.

Los expertos de la Comisión Interamericana denunciaron el domingo, durante la presentación de su informe final, que Zerón no siguió los protocolos durante la recolección de evidencias en el río donde se habrían encontrado los restos óseos que después de estudios de ADN dieron positivo a uno de los alumnos, Alexander Mora, la única identificación de todo el caso.

Según la versión oficial, esos restos calcinados es todo lo que quedó de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa una vez que fueron incinerados en el basurero de Cocula, a donde llegaron después de haber sido detenidos por policías en Iguala, una localidad cercana, en el sur de México.

Dos peritajes internacionales dijeron que no hay pruebas científicas que confirmen esta tesis, sostenida básicamente con las confesiones de los supuestos autores materiales.

Además, ni los expertos de la Comisión ni los peritos argentinos que trabajan en el caso pudieron constatar que los restos localizados en el río procedan del basurero y denunciaron que, a diferencia de lo expresado por Zerón, la fiscalía nunca les proporcionó la cadena de custodia del hallazgo, un documento legal que debe constatar el nombre de quién encontró la bolsa, quién la sacó del río y quién la llevó ante los peritos.

El jefe de la Agencia de Investigación reconoció el miércoles que estuvo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, la víspera del hallazgo de los restos, pero subrayó que su actuación “fue legal” y “atestiguada” por representantes de Nacionales Unidas” y mostró un video para avalar su tesis.

Según el grupo, Zerón presentó un video en poder de la fiscalía que nunca se incorporó a la investigación y está “editado”; dijo que representantes de la ONU estuvieron presentes durante su visita al río cuando estaban a 40 minutos de allí; y no hay “ni un solo documento formal” donde se acrediten los hechos de ese día —el hallazgo de cuatro bolsas, la manipulación de evidencias o el traslado de un detenido a un escena del crimen— aunque sí quedó constancia de lo realizado al día siguiente.

Zerón insistió en que aunque ese día se encontraron cuatro bolsas, la que tenía los restos se halló al día siguiente, el 29 de octubre, cuando buzos de la Marina rastrearon el río y que fue entonces cuando se hicieron las actas y documentos formales.

“Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por el señor Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción con los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos y, por lo tanto, agravan el problema”, dijo Beristain.

Además, el experto indicó que según los reportes oficiales, ese detenido, uno de los supuesto asesinos confesos de los estudiantes, tenía 30 lesiones dos horas después de ingresar en las instalaciones que dirige Zerón, ninguna de las cuales aparece en el informe del médico naval que le revisó tras la detención, que se había tenido lugar siete horas antes.

Con todas estas denuncias sobre la mesa, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que asegura que “nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR -la fiscalía- en la zona” ni supo de la presencia de un detenido allí.

Y la fiscalía general mexicana indicó poco después en otra nota que ya había trasladado toda la información a los dos departamentos de supervisión interna para que investiguen “la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”.

Los padres de las víctimas volvieron a exigir la renuncia de Zerón y la verdad sobre el destino de sus hijos. [Sin Embargo]

 

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