Maciel Calvo

Maciel Calvo

La defensa de las víctimas pone en duda la imparcialidad de la juez a cargo del caso.

A petición de las víctimas, fue suspendida la audiencia de formulación de imputación que tenía como propósito presentar la acusación contra el juez Daniel Adán Rodríguez Apac, por el presunto homicidio culposo de un trabajador del IMSS.

Emilio Márquez, abogado de la esposa de Pedro Portilla Herrera, quien viajaba en su motocicleta y presuntamente fue arrollado por el juez sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017, insistió en que la juez de control, Nancy Aguilar Tovar, no debía conocer el caso por existir elementos que ponían en duda su imparcialidad, al pertenecer a la misma asociación a la que pertenece el juzgador acusado.

Aun cuando la juez explicó que una sala del Tribunal Superior de Justicia resolvió en recurso de queja que ella debía conocer el asunto y que no había una suspensión de un juez federal que impidiera el desahogo de la audiencia, el litigante reiteró su rechazo a la juez Aguilar Tovar.

Al hacer uso de la palabra, el juez imputado pidió que procediera la realización de la audiencia y que él enfrentaba el proceso penal no como servidor público sino como cualquier ciudadano que tiene derechos y obligaciones legales.

Tras escuchar a las partes, la juez afirmó que, si bien pertenece a la misma asociación que el acusado, no existe ningún lazó de amistad ni de convivencia, salvo en el ámbito estrictamente profesional, y el trato que tiene con su homólogo es únicamente dentro del recinto judicial.

Defendió su investidura y sostuvo que no hay ningún elemento objetivo para poner en duda su imparcialidad, y recalcó que sus determinaciones son tomadas de manera autónoma e independiente, sin aceptar de ninguna intervención o presión externa.

A petición de la representación legal de las víctimas, la juez decretó la suspensión de la audiencia para que sea la justicia federal, a través del juicio de amparo promovido por la parte ofendida, quien resuelva si ella debe o no conocer el caso.

“Yo lo que busco es que se cambie de juez, la jueza comenta ciertas cosas y no coinciden lo que hizo la anterior vez, en cuento a los comentarios y las cosas, pero si hay una amistad ahí (entre ambos juzgadores) y ella lo dijo la vez pasada que tuvimos audiencia”, dijo Maykeler Viazcan López, esposa de la víctima, y sostuvo que su petición es que se designe a un juzgador que no sea allegado al imputado.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado del imputado, señaló que la postura del juez acusado es que se proceda conforme derecho y que todos los implicados reciban justicia conforme a la ley, pero desafortunadamente es incongruente la actuación de la parte ofendida, porque primero solicitó la judicialización de la carpeta de investigación y ahora promueve un amparo para evitar que arranque el proceso penal.

“Hoy es el momento que no entendemos si quieren que se judicialice, si quieren que se dilate la audiencia, o desconocemos qué es lo que esté prevaleciendo en el pensamiento de la contraparte. No queremos pensar que sea la ignorancia del derecho lo que prevalezca. Queremos que haya una sensibilidad porque a final de cuentas es un delito culposo y (el juez imputado) debe ser tratado como cualquier otro ciudadano, no por el hecho de tener un cargo público tiene que ser revictimizado el imputado, no por el hecho de ser un servidor público debe ser tratado con otra justicia, debe ser tratado como cualquier ciudadano que comparece ante la justicia”, expresó.

Detalló que la empresa aseguradora ofreció a la esposa de la víctima una indemnización justa, conforme lo establece a la ley, para llegar a una conciliación y evitar un juicio, sin embargo, ella exige una cantidad superior a los cuatro millones de pesos, lo cual está muy por encima de las cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que establece la ley en estos casos.

“Estamos apegados a derecho y estamos compareciendo de manera responsable al llamado de un juez y en lo sucesivo nos vamos a juicio, y todavía falta que un juez, que un tribunal de juicio oral, determine su culpabilidad o no, y como consecuencia de la culpabilidad determine la reparación del daño”, dijo e insistió que se buscó la vía de una conciliación como solución alterna, pero si esto no ocurre el juez hará frente al juicio como cualquier ciudadano que también exige justicia.

 

 

Jueves, 05 Diciembre 2019 05:00

Rechaza el TSJ que libere a delincuentes

Resoluciones de jueces tienen efectividad del 95 por ciento, dice la institución.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad y acusó que los ataques contra el órgano judicial son políticos y basados en datos falsos, al tiempo que defendió la labor de los juzgadores, al considerar que sus resoluciones tuvieron una efectividad del 95%.

A través de un comunicado, el TSJ rechazó las versiones de  funcionarios estatales y federales sobre que jueces del TSJ dejan en libertad a imputados por delitos de alto impacto y sostuvo que esos señalamientos “tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural”.

Detalló que en el 2019 consignaron a 137 personas por este tipo de delitos (homicidio, violación y secuestro), de las cuales solo 16 obtuvieron su libertad y representa el 11.68% de las consignaciones; y de las 121 personas que fueron sometidas a proceso penal, el 88.32% quedó sujeto a la medida prisión preventiva hasta la terminación del proceso judicial.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales”, estableció el documento. 
Señaló que el trabajo de los juzgadores del sistema penal está bajo el escrutinio de la autoridad federal, que calificó con 95 por ciento la efectividad de las sentencias.
“Por ello, el Poder Judicial exhorta respetuosamente para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, velemos por la defensa de nuestra carta magna, el respeto por nuestras leyes y hagamos conciencia de la importancia de la unidad institucional en favor de los justiciables, evitando hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”, recalcó en su comunicado. 

 

 

Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:20

En Morelos está impune el 99.6 de los homicidios

En 2018 los jueces sólo emitieron cuatro sentencias por homicidio doloso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

 

Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:17

Piden auditar la gestión de Carmen Cuevas

Denuncian retraso en pago de pensiones en el TSJ a pesar de disponibilidad de recursos transferidos por el Poder Ejecutivo.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción califica como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) calificó como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y exhortó al Comité de Participación Ciudadana presidido por Roberto Coranguez Esquivel, a coadyuvar a la construcción del sistema anticorrupción y actuar con apego a la ley.

A través de una misiva fijaron su postura la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez; el secretario de la Contraloría, César Santana Nava; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y América Jiménez Molina, contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

En el documento público establecieron que el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que es facultad del Comité Coordinador elegir, previa integración de una terna, al secretario Ejecutivo del SEA, y que desde el 31 de octubre realiza reuniones de trabajo en las que, entre otras cosas, revisa que los tres aspirantes cumplan con el perfil y los requisitos legales para ocupar el cargo.

Incluso, destacaron que esta dinámica fue consensuada y aceptada por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, que también forma parte del Comité Coordinador.

Rechazaron la designación González Chávez como “secretario Técnico interino” por considerarlo ilegal, sin embargo, hicieron hincapié en que decidieron hacer caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, quien hace días salió en defensa del nombramiento interino realizado con solo con aval de tres de los cinco integrantes del órgano ciudadano.  

“Por todo lo anterior, se reitera que la instituciones representadas por los signantes, han aportado su trabajo, recursos humanos y materiales para poder dar forma y diseño organizacional a la Secretará Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y así seguirá siendo, tomando en consideración la naturaleza, fines, atribuciones y requisitos que la ley fija para todos; haciendo caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, para no desgastar la imagen de un sistema en construcción.

“Se exhorta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a coadyuvar con los trabajos de formación del sistema y su organismo operador que nos corresponden, conforme a las funciones, atribuciones, responsabilidades, obligaciones y límites que la ley nos marca”, establecieron como postura conjunta siete de los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Desde el 2016, el SEA enfrenta una serie de vaivenes jurídicos y político que frenaron su arranque y operación. Desde la integración del Comité de Participación Ciudadano -cuyos primeros integrantes fueron relevados sin ni siquiera haber iniciado formalmente funciones- hasta la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, que enfrentó fuertes cuestionamientos por haber sido colaborador del ex gobernador Graco Ramírez.

 

 

 

Martes, 03 Diciembre 2019 05:19

El TSJ se queja por mayoría de 13 diputados

La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.

 

 

 

Lunes, 02 Diciembre 2019 04:18

Preparan implementación de reforma laboral

Se publicó el decreto que creó el Consejo para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en el estado de Morelos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto que creó el Consejo para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Morelos, como un órgano colegiado interinstitucional provisional.

En cumplimiento a la reforma laboral federal, vigente desde mayo pasado, se instauró el organismo local, con el propósito de establecer las políticas y la coordinación estatal necesarias para implementar la reforma local en materia de justicia laboral, en los términos del decreto por el cual fueron reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El Consejo estará integrado por la persona  titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, quien lo presidirá, y como vocales, un representante de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura; un representante de la Secretaría de Administración y un representante de la Secretaría de Hacienda.

Además, un representante del Poder Judicial estatal y otro del Congreso local se integrarán al consejo en calidad de invitados permanentes. Con el objeto de emitir opinión relacionada con el ámbito de su competencia, se podrá invitar a las sesiones, con voz pero sin voto, al representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal.

En los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, el Consejo podrá también invitar a participar en las sesiones, para efectos consultivos, con voz pero sin voto, a expertos o académicos nacionales o internacionales, instancias gubernamentales y demás personas físicas o morales que se estime conveniente para aportar sus conocimientos, opiniones o experiencias.

Una vez vigente el decreto de creación del Consejo, la titular de la Secretaría Desarrollo Económico y del Trabajo deberá convocar a su instalación dentro de un término no mayor a 30 días hábiles.

 

 

Tribunal no halló elementos para acusarlo; disparo accidental fue en medio de un acto en defensa propia, resuelven

Buscan echar abajo la reforma que limita el periodo de los magistrados.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inconforme con la resolución que desechó la controversia constitucional que recientemente promovió en un intento por impugnar el decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

A principios de noviembre, el ministro instructor Luis María Aguilar Morales determinó que el TJA no tenía legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, no está en la lista de los organismos a los que el Constituyente Permanente otorgó legitimación para promover controversias constitucionales. 

En consecuencia, desechó la controversia constitucional y recordó que la resolución fue fundamentada en los fallos de los recursos de reclamación 23/2016-CA, 52/2016-CA y 53/2018-CA, que confirmaron los autos de desechamiento de las demandas anteriores promovidas por el TJA.

Sin embargo, el tribunal local intentará nuevamente que la controversia sea admitida e insistirá en que sí tiene atribuciones para promover el recurso, sobre todo en un tema que afecta la periodicidad de los miembros del órgano jurisdiccional.

 

 

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