A principios de octubre le habría exigido dinero a la dueña de una tienda de abarrotes a cambio de dejarla trabajar, en la colonia Milpillas de Cuernavaca.

Un individuo fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, cometido en Cuernavaca en agravio de una comerciante.

En relación con los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el caso se registró a principios de octubre del año en curso, cuando el ahora imputado envió mensajes a la propietaria de una tienda de abarrotes que se ubica en la colonia Milpillas de la capital morelense.

Presuntamente esta persona le exigía el pago de una cantidad de dinero a cambio de permitirle continuar trabajando.

Fue a través de la nuera de la víctima como realizaron las negociaciones y se pactó el depósito del dinero, en dos partes, los días 11 y 15 del mismo mes.

Sin embargo, las afectadas acudieron a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión para interponer la denuncia.

A raíz de las investigaciones, descubrieron la identidad del hoy inculpado, tras lo que un juez giró una orden de cateo en el domicilio del individuo, que se ubica en la calle San Juan de la colonia Milpillas de Cuernavaca.

Allí, los policías encontraron tarjetas bancarias e identificaciones oficiales a nombre de distintas personas, así como chips telefónicos que presuntamente eran usados para extorsionar.

Después, la FGE obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Hugo “N”, de 32 años de edad, que fue cumplida en la colonia Lomas de la Selva.

Los policías aseguraron que en el momento de la detención, el hombre portaba una credencial con fotografía suya, pero con un nombre distinto, con la que obtuvo una tarjeta bancaria que era utilizada para recibir los depósitos de la extorsión.

Tras su captura, el juez determinó prisión preventiva en contra del ahora vinculado.

Asimismo, en audiencia, el juez de la causa encontró las pruebas suficientes para vincular a proceso a José Hugo “N” por el delito de extorsión agravada, al ser el portador de la tarjeta bancaria en la que exigía depositar a las víctimas.

Por último, el juzgador dictó la prisión preventiva como medida cautelar y fijó una plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.