En plena fase 3 de la pandemia por coronavirus, México ya alcanzó los 14 mil contagios y las más de mil muertes. A pesar de ello, diversas localidades de la República han comenzado a presentar un incremento en los niveles de movilidad de la población, incluso si aún no llega la peor parte de la epidemia como dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Varios municipios han impuesto multas, arrestos o otro tipo de medidas que implican el uso de la fuerza pública para evitar la excesiva movilidad y asegurar que los ciudadanos se mantengan en sus domicilio. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó su preocupación por este método de coerción directa a los ciudadanos.

 “No existe, en modo alguno, un estado de excepción en México. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales”.

Rechazó la misma por dos razones: la primera fue que las medidas impuestas a nivel federal están pensadas para que el sujeto de intervención no sea el ciudadano directamente, pues fue necesario considerar que más de la mitad del país vive al día.

 “Está no es la forma preferente por cómo se puede reducir la movilidad. La intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que la gente se mueva”.

Con lo anterior hacía referencia a las tres grandes actividades sociales consideradas fundamentales para la movilidad, que son: las escuelas, las cuales permanecen cerradas hasta nuevo aviso; los trabajos, donde se hizo la recomendación de enviar a los trabajadores a casa y realizar actividades remotas y las actividades recreativas, pues se mantienen cerrados todos los lugares donde la gente puede conglomerarse y realizar algún tipo de evento social como bares, cines, teatros, salones de fiesta, iglesias, entre otros.

Al imponer esta medida, se tenía por objetivo que hubiera un mayor impacto, pues se estimó alrededor de 17 millones de ciudadanos ya no concurrirían el espacio público si estos tres entes detenían las actividades.

 “El sujeto de la acción el trabajo, las escuelas y los espacios recreativos”

Aseguró que no se tomaron medidas similares a las de Europa Occidental, donde estuvieron dirigida particularmente a la ciudadanía, porque en México “tenemos enormes desigualdades socioeconómicas”, dijo.

Además, dijo que resulta más útil dirigirse a los determinantes estructurales que a las personas de manera individual.

En segundo lugar, aseguró que el relegar la responsabilidad a los ciudadanos y obligarlos de forma coercitiva a mantenerse en sus casas podría incrementar el riesgo de contagios.

Esto porque los elementos de la fuerza pública que vayan a realizar un arresto, necesitarían establecer contacto físico con las personas. Si el arrestado llegara a estar contagiado, este podría propagar la enfermedad entre los policías que lo arresten o los lugares donde sea confinado.

Aseguró que la salud pública es científica. “La salud pública se planea, se diseña con evidencia, no se atiende con mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas”.

Fue en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el pasado 31 de marzo que se decretó que todas las medidas que fueran implementadas a nivel federal, estatal y municipal tendrían que estar apegadas a la protección de los derechos humanos. Por lo que hasta el momento “no existe una justificación legal para este tipo de medidas”.

México se encuentra en la fase 3 de la pandemia y, hasta el momento, ha registrado 14 mil 677 casos positivos de coronavirus, además de mil 351 muertos a causa de la enfermedad que produce. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en un mensaje dominical que el país ha logrado “domar” la epidemia.