En una conferencia virtual organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) representantes de este organismo indicaron que cabildearán para que sean incluidos en la reforma los trabajadores independientes bajo el esquema de aportaciones obligatorias utilizando figuras como el plan personal de retiro y en condiciones similares a las del resto de los trabajadores, a la vez que promoverán también las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro en un esquema que facilite la deducibilidad de impuestos, obteniendo el beneficio tributario al momento de hacer la aportación.
El CCE se atribuyó la autoría de la propuesta de modificación al sistema de pensiones, pero señala que no todas las propuestas que presentó a la Secretaría de Hacienda quedaron incorporadas en el ´Acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones de los trabajadores del sector privado´ dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles 22 de julio, por lo que harán labor de convencimiento entre los legisladores una vez que el gobierno federal presente la iniciativa correspondiente.
El Acuerdo aborda el problema de únicamente un cuarto de la Población Económicamente Activa (PEA), la que se rige por la ley de 1997 del IMSS, pues la parte mayoritaria de esta población, el 60%, lo constituyen los trabajadores de la economía informal o que están desempleados, mientras que los registrados al IMSS son 36%, pero de estos un tercio se rige por la ley de 1973 y, por tanto, no entran en la reforma, y tampoco afecta al 4 o 5% que representa los trabajadores de los gobiernos federal, locales y las universidades.
“Son ocho aspectos que no estuvieron en el acuerdo, son temas adicionales que estaban en la propuesta y ya en los textos de iniciativa se va a seguir en la negociación para incluirlos porque se considera que son importantes”, señaló Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Pensiones del CCE.
Entre los agregados que propondrá el CCE está el ahorro voluntario para los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos, facultando a las empresas para retener el ahorro de todos sus empleados, introducir esquemas de género como condonar semanas sin cotizar siempre y cuando se ocupen en los cuidados de hijos recién nacidos y con la condición de que el padre o la madre, o ambos, regresen al trabajo en los siguientes seis meses después del periodo de ausencia, o bien que el gobierno haga diferenciación de la cuota social en función del género.
También propondrán se condone a empleadores la cuota de aportación en el caso de trabajadores que sigan cotizando después de los 65 años, modificar la deducibilidad fiscal para que sea del 100% en el caso de los planes privados de pensión y los planes personales de retiro, sin hacer este beneficio extensivo al resto de los conceptos de previsión social.
Mitigar el riesgo de longevidad mediante un seguro de sobrevivencia cuyo costo lo asumirá el estado, como un complemento de la pensión universal, y que se fije a partir de una edad determinada (por ejemplo 90 años).
Zamarripa agregó que en la modalidad de aportación de los trabajadores independientes también pueden participar los trabajadores de la economía informal, para los que propondrán plazos de cotización determinados por meses y montos de contribución, y un beneficio de pago al momento del retiro, bajo los mismos requisitos de edad que rigen para otros trabajadores y bajo la modalidad de retiros programados o renta vitalicia a elección del trabajador.
El especialista reconoció que la iniciativa que llegará al Congreso no va a resolver la informalidad, los problemas de sub declaración de sueldos por los empleadores, el problema de pensiones del gobierno como empleador en estados, municipios y universidades, sino solo el problema que atañe a los trabajadores del sector privado.
“Hay problema grave de las pensiones del país que ya no es responsabilidad de los empresarios”, concluyó.
Pero la reforma tendrá como efecto colateral positivo que es el aumento paulatino del ahorro que administran las afores para representar hasta casi 40% del PIB y fortalecer así el sistema financiero, dijo Carlos Salazar, presidente del CCE.
Hoy las afores administran 4.2 billones de pesos, que equivalen a 17% del PIB y es equiparable a todo el crédito que da el sistema bancario dentro de México, que es casi 22% del PIB, dijo Bernardo González, presidente de la Amafore.
“Esa parte que aún no se incorpora a la reforma, pero es un planteamiento fundamental del CCE que sea parte, o estaría gravemente incompleta. Estamos obviamente en esas discusiones”, indico el dirigente.
Añadió que, si esta reforma se aprueba y se incrementan las aportaciones, habrá más recursos para financiar infraestructura en materia de puertos, carreteras, edificios, empresas, incluso puede ser un instrumento para seguir desarrollando la bolsa de valores.
