Un juez federal ha sentenciado a 20 años de prisión a Santiago Mazari, apodado El carrete, por el delito de delincuencia organizada. Mazari es considerado líder de Los Rojos, un grupo criminal que delinquía principalmente en el Estado de Morelos. Las autoridades mexicanas consideran que esta banda y principalmente sus rivales, Guerreros Unidos, está vinculada con la tragedia del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa (Guerrero). La Fiscalía ha confirmado este domingo que tras el fallo, El Carrete continuará en la prisión de Puente Grande, en Jalisco. Mazarí enfrenta aún tres procesos penales más.
El Carrete fue detenido en agosto de 2019 por soldados y elementos de la Guardia Nacional en la sierra de Guerrero. Mazari había viajado a una remota comunidad llamada Corral de Piedra para tratar de sellar un pacto con un policía comunitario. Buscaba socios para nuevas rutas entre ese Estado y Morelos. Pero las negociaciones con el grupo de Juan Castillo, El Teniente, se agriaron y se desató una balacera de tres días. Los reportes del enfrentamiento llegaron a las autoridades, que iniciaron un operativo que terminó con la detención. Al momento de su arresto, Mazari estaba herido de bala. El Ejército lo sacó de ahí en helicóptero por su peligrosidad.
En la narrativa gubernamental del caso Ayotzinapa, que hoy es revisada por la Administración de Morena, Mazari pidió al director de la rural que enviara a los jóvenes a hacer disturbios a la ciudad de Iguala. Ese municipio estaba gobernado por José Luis Abarca, quien ha sido acusado de tener vínculos con Guerreros Unidos, los antagonistas de Los Rojos.
En febrero de 2015, una serie de mantas firmada por El Carrete aparecieron en varias localidades de Morelos. En ellas, Mazari afirmaba que no tenía nada que ver con el caso. Responsabilizaba en su lugar a un empresario local vinculado con Guerreros Unidos, Federico Figueroa. El narcotraficante afirmaba que el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba asesinarlo para que nunca se supiera la verdad sobre el caso. También invitaba a los padres de las víctimas a entrevistarse con él para “quitarles las vendas de los ojos”.
Los familiares de los desaparecidos respondieron al mensaje un mes después. “Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos, porque este mal Gobierno no ha sido serio con nosotros. Al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras”, decía el mensaje, que confirmaba su disposición para llevar a cabo la entrevista, que nunca se confirmó públicamente. Los padres buscaron esta vía después de rechazar la llamada verdad histórica de la Procuraduría: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Los vínculos de capos como Mazari con políticos locales son comunes. Uno de sus jefes de sicarios contó a la Procuraduría hace algunos años que el grupo Los Rojos financió la campaña de varios políticos de Morelos en las elecciones municipales de 2015. En la nómina de El Carrete había aspirantes a alcaldes de todos los partidos: PRI, Verde, Socialdemócrata, PAN, Movimiento Ciudadano, Humanista y PRD. El trato era que, una vez en el poder, estos no obstaculizarían el trabajo de los criminales. Además, pagarían el préstamo con los recursos del municipio. Algunos llegaban a dar entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales por derecho de piso. Las autoridades creen que al menos 11 alcaldes de la entidad estaban vinculados a Los Rojos de El Carrete.
