La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer una acusación formal en contra de Rosario Robles y pidió una pena de 21 años de prisión contra la extitular de Sedesol y Sedatu, por presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de cinco mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Autoridades federales dijeron a que además de la pena de prisión se pedirá al juez que imponga como parte de la condena la inhabilitación del servicio público de Robles durante el mismo tiempo que esta presa, y que además se le imponga una multa económica.
Se solicita para la exfuncionaria 450 días de multa, de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal federal que contempla el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Los fiscales han solicitado al juez que cada día de multa se calcule a partir de lo que percibía Rosario Robles como salario. El juez es quien haría el cálculo pero se trataría de cerca de 2.5 millones de pesos.
La pena es solicitada por el delito de omisión, pero la pena se eleva hasta 21 años debido a que el juez Delgadillo Padierna en la audiencia inicial del caso decidió convertir en dos un delito que la FGR había considerado solo como uno.
El ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta 7 años de cárcel, pero la dependencia acusa a Robles de dos cargos por este mismo delito. Es decir, son 14 años de prisión por sus omisiones en las dos dependencias, pero adicionalmente la Fiscalía argumenta que este delito lo cometió de manera continuada, lo que implica una agravante que aumenta la sanción con la mitad de la pena máxima, es decir, 3 años y medio por cada delito, de los que resultan otros 7 años de prisión.
El abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, dijo a Animal Político que dicha acusación es totalmente desproporcionada.
“Me parece totalmente desproporcionada dicha acusación y es una muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con las universidades. Se trata de un delito que además ya estaría prescrito y en el que, en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua quien era el oficial mayor. Pero estamos seguros que probaremos que Rosario es inocente”.
La acusación se presentó el 25 de agosto por escrito dentro del plazo que tenía la FGR de 15 días hábiles para hacerlo. Ahora tanto la Auditoría Superior de la Federación en su calidad de víctima así como la defensa de Robles tiene también un plazo de 10 días hábiles para presentar su posicionamiento y pruebas.
Transcurrido estos plazos, el juez federal a cargo del caso convocará a una audiencia intermedia que será oral para debatir entre las partes qué pruebas se quedan y cuáles no. Y fijar sus posicionamos. Se prevé que esta audiencia intermedia ocurra a finales de septiembre.
Finalmente, una vez concluida dicha audiencia intermedia el caso quedará listo para el juicio oral que se prevé se lleve a cabo ante un nuevo juez antes de que concluya el año.
