Hace una década, Bacanora Lithium adquirió de un particular los derechos de explotación de más de 3 mil hectáreas en el noreste de Sonora. Para la cesión, según documentos de la empresa, desembolsó aproximadamente 7 millones de pesos, un precio de ganga para hacerse con el control de lo que a la postre se reveló como el más grande yacimiento de litio en México, proyecto que, estima la minera, dejará ingresos por mil 200 millones de dólares.
A principios de los 90, un grupo de investigadores estadunidenses obtuvo la concesión de una porción de tierra ubicada en la región limítrofe entre Chihuahua y Sonora, afectada por la actividad del crimen organizado. Su objetivo era extraer boro, un material usado en la industria para fabricar limpiadores y jabones.
No obstante, tras varios estudios, concluyeron que el boro encontrado en la zona era “anómalo”, por lo que al poco tiempo decidieron abandonar la región.
Casi 20 años después, en 2010, Bacanora, una empresa que en ese entonces era de capital canadiense (ahora es inglesa) inició campañas de recogida de muestras en el área con el objetivo de extraer boro; sin embargo, de manera fortuita descubrió que la región era rica en litio, mineral que en ese entonces comenzaba a ser objeto de mayor atención por su uso en la naciente industria de los autos eléctricos.
En ese entonces, los derechos de explotación de las tierras estaban en manos de un particular, a quien Bacanora, de acuerdo con un informe a inversionistas fechado en 2013, compró en 2010 las concesiones por un precio de 40 mil dólares (490 mil pesos al tipo de cambio de entonces) y la cesión de 500 mil acciones de Bacanora a un precio de un dólar por acción, lo que equivalía a aproximadamente 6 millones 200 mil pesos.
A lo anterior, poco menos de 7 millones de pesos, se debe sumar la inversión de 420 millones de dólares que se espera hará Bacanora Lithium para echar a andar su proyecto en Sonora, yacimiento que Mining Technology calificó como el mayor depósito en desarrollo del mundo, con reservas por 243 millones de toneladas.
La venta de los derechos de tierra de un particular a Bacanora no es nada extraño, pues cualquier persona puede adquirir derechos para explotar tierras a precios realmente bajos, dado que el costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra.
No obstante, en la normativa hay un vacío que permite que las concesiones sean traspasadas de mano en mano, lo que ha provocado que los dueños de los títulos especulen con las hectáreas otorgadas por el gobierno hasta que llegue un mejor postor, empresa nacional o trasnacional, a la que ceden los derechos a cambio de una cantidad que suele ser mucho mayor que la que pagaron.
Las tierras cuyos derechos adquirió Bacanora en 2010 se ubican a 190 kilómetros al noreste de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y están a 200 kilómetros al sur de la frontera con Arizona.
En las más de 3 mil hectáreas que componen las concesiones se ubican los siguientes ranchos con los que la empresa ha negociado con sus propietarios para explotar las tierras: Rancho Seco, Las Chivas, San Gabriel de los Castores, El Palmar, La Joya, El Sauz, El Cubachi, Sauz de Valencia, Los Americanos, La Ventana y Las Perdices.
Según la empresa minera, ha recibido permiso del gobierno local y los propietarios de los ranchos mencionados para realizar trabajos de exploración, además de asegurar que más allá del pago que hizo por la concesión de las tierras, “no hay otras regalías que haya tenido que pagar, derechos de devolución u otros acuerdos”.
