El Senado aprobó la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, que modifica algunas funciones del Ministerio Público y que ha sido criticada por activistas por reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.

Con 109 votos a favor, nueve en contra y una abstención, los senadores avalaron la nueva Ley de la Fiscalía General de la República que ya fue aprobada en días pasados por la Cámara de Diputados y que deberá ser promulgada por el Ejecutivo.

La nueva ley fue aprobada apenas dos años después de que el Congreso creara la Fiscalía General de la República como un órgano independiente del Gobierno.

El texto inicial, propuesto por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, provocó el rechazo de activistas pues buscaba sacar a la Fiscalía de los diferentes organismos públicos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía.

Finalmente, el Congreso decidió mantener el Ministerio Público dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero activistas denuncian que se redujeron sus competencias.

El texto aprobado establece que la Fiscalía deberá garantizar “los derechos de las víctimas”, brindarles “protección”, tomar “en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros.

No obstante, la Fiscalía General solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

México afronta una crisis histórica de desapariciones con un registro de 86 mil 663 personas no localizadas desde 1964

La senadora Martha Lucía Mícher, de Morena, votó a favor del dictamen, aunque durante el debate admitió que “sigue sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas y no integra de manera plena a la FGR a los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos”.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, un total de 85 mil personas han desaparecido desde 2006, más de la mitad (44 mil 174) desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en diciembre de 2018.