El comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado, ‘El Guacho’, considerado pieza clave en el caso Ayotzinapa, fue ejecutado esta tarde por un comando que irrumpió en su negocio, ubicado frente a las instalaciones del III batallón de Fuerzas Especiales del Ejército, en plena zona urbana de la ciudad de Iguala.
Desde 2016, los padres de los estudiantes desaparecidos habían solicitado por escrito al extitular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, una “orden de presentación y localización” en contra de Velázquez Delgado, señalado como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y por su presunta relación directa con los hechos ocurridos en 2014, con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.
Reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) indican que a las 13:20 se reportó el asesinato de una persona al interior del establecimiento comercial denominado El Sargento, dedicado a la venta de artículos y uniformes policiacos.
La víctima, identificada como el comandante de la Policía Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, ‘El Guacho’, presentaba cuatro impactos de bala calibre .9 milímetros, uno de ellos en la cabeza, de acuerdo con los reportes oficiales.
El negro historial de ‘El Guacho’
En diciembre de 2016, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron a Humberto Velázquez Delgado como personaje clave para aclarar la relación entre criminales y autoridades de Iguala, debido a que era mencionado en investigaciones ministeriales como líder del grupo Guerreros Unidos.
Meses antes, en junio de ese mismo año, ‘El Guacho’ reapareció públicamente tras salir ileso de un atentado en el que murieron cuatro agentes ministeriales; en esa ocasión se deslindó de los señalamientos sobre sus presuntos nexos con la delincuencia y anunció que demandaría a este reportero por documentar la purga interna de Guerreros Unidos después de la tragedia de Iguala, en septiembre de 2014.
En el reportaje “Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco”, publicado en septiembre pasado en la revista Proceso, se informó que Iguala es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos; fue ahí donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y desaparecieron 43 de sus compañeros.
Desde antes de la desaparición de los normalistas, Proceso documentó las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército Mexicano con el narco.
Humberto ‘El Guacho’ Velázquez no aparecía públicamente desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó la conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán, mantuvo a Ulises Velázquez –hermano de ‘El Guacho’– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador, en sustitución de su padrino René Juárez Cisneros.
En septiembre de 2017, Proceso publicó el reportaje “Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca”, en el que informó que personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa en diciembre de 2016, tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
Pineda Vega sostuvo que desde 2007 y durante siete años fue “extorsionado”; cada mes pagaba un mínimo de 9 mil pesos, dinero que “entregaba al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez (exagente ministerial), quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez, ambos en prisión.
Según el testimonio recabado por la UEIDMS, los hermanos Velázquez Delgado le decían que “dicho dinero era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la que pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”. Las sospechas sobre Velázquez Delgado en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas van más allá de su presunto involucramiento con el crimen organizado.
Dentro de los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento proporcionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala, que incluye los nombres de 165 policías que operaron desde las 20 horas del 26 de septiembre de 2014, a las 08:00 del día siguiente.
En esa relación están los nombres de Ulises Velázquez Delgado, Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, hermano e hijos de Humberto Velázquez, entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, que estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Guerrero ni la FGR llamaron a declarar a esos funcionarios para que expliquen qué papel jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas. Proceso tuvo acceso a documentos integrados en el expediente PGR/SDHPDSC/O1/2015.
