El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró listo para la primera Consulta Popular del próximo 1 de agosto en la que los ciudadanos votarán si desean que se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del organismo, aseguró que será el mejor ejercicio de participación ciudadana “de los que se hayan realizado tanto de los que han tenido fundamento legal como los que no lo han tenido”.

En sesión ordinaria del Consejo General indicó que para la Consulta se requiere de la participación de 285 mil 220 ciudadanos para que se desempeñen como funcionarios de las 57 mil Mesas Receptoras y que a la fecha se tiene un avance del 34%, con la aceptación de 97 mil 105, de los cuales 81 mil 695 ya fueron capacitados.

José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, reveló que ningún partido político impugnó la metodología y lineamientos de la Consulta aprobados el 6 de abril ni tampoco la adenda del 9 de junio.

Además, destacó que “no ha existido un boicot de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y del INE a la Consulta Popular” como en algún momento se dijo.

Ruiz Saldaña afirmó también que, en relación con la solicitud de Morena de incluir representantes de los partidos políticos en las mesas de opinión de la Consulta, “el espíritu de la ley es prácticamente poca participación de los partidos, porque estamos hablando de mecanismo de democracia directa”.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona indicó, a su vez, que los reclamos que existen en la organización de la Consulta Popular, porque sólo se instalarán 57 mil Mesas Receptoras, “omiten el hecho de que los acuerdos estuvieron a la vista para ser objetados y actuar legalmente”, por lo que en estos momentos la mayoría de las decisiones “son definitivas”.

En cuanto a la falta de observación que prevé la legislación en la Consulta refirió que esto representa un problema de certeza para el proceso.

“Me parece que la renuncia que al menos por omisión hicieron todos los partidos a tener representantes en las casillas, genera un problema de certeza para el proceso en su conjunto, más allá del derecho particular que cada quien pudiera no haber manifestado en su momento que el proceso de consulta no sea vigilado plenamente, no solamente observado por actores externos al Instituto, me parece que es un problema para el Instituto, no nada más para los partidos que no van a tener representación”, dijo.

En la sesión, los consejeros electorales aprobaron el contenido de la Lista Nominal de Electores con Fotografía que se utilizará en la Consulta y que el marcaje en la Credencial para Votar con Fotografía se realice dentro del rectángulo correspondiente a elecciones “locales y extraordinarias” con las mayúsculas CP (Consulta Popular).

Los consejeros electorales aprobaron que la Lista Nominal de Electores con Fotografía se fabrique con papel seguridad, en tamaño carta de 90 gramos, en impresión blanco y negro, que tenga una marca de agua con el logotipo del INE, que contenga 64 registros por hoja y se ordenen de acuerdo a las letras del alfabeto, comenzando por apellido paterno, materno y nombres, que cuente con la fotografía de la o el ciudadano y un recuadro para marcar su participación.

La Lista Nominal de Electores con Fotografía tendrá páginas de contenido, adicional y contraportada con el logotipo del INE, datos geo-electorales y un recuadro para registrar el número de la ciudadanía que participe.

El Consejo General del INE aprobó también que 65 campañas de propaganda gubernamental de dependencias federales, estatales y locales se difundan durante la promoción de la Consulta Popular, mismas que entran en los supuestos de excepción previstos en la Constitución al versar sobre temas de educación, salud y seguridad o protección civil en casos de emergencia.

Estas campañas deberán tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que puedan incidir de manera positiva o negativa en el resultado de la jornada consultiva o bien elementos de propaganda personalizada de algún servidor público.

Tampoco podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia o logros de una administración en los diversos niveles de gobierno, y su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata y su escudo oficial, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de alguna administración federal o local.

Asimismo, el acuerdo establece que durante la emisión radiofónica de “La Hora Nacional” deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente público durante el tiempo que comprende la difusión de la Consulta Popular y lo mismo ocurrirá en los portales de internet de los entes públicos.