El Gobierno de México ha presentado este miércoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.

El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17.000 asesinatos en México.

“No lo hacemos para meter presión a EEUU, sino para que no haya muertos en México”, dijo un funcionario mexicano cercano al caso.

“Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, señala Exteriores en un documento en el que explica la demanda.

El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que -según estimaciones de la Cancillería- podría alcanzar el 2% del PIB de México.

Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo, de mucho tiempo. Los dos principales retos serán que la corte acepte que el Gobierno mexicano puede demandar cómo afectado y el blindaje político y legal de la industria armamentista en México.

Por su parte el canciller, Marcelo Ebrard, ha señalado que México “no busca interferir en la política de Estados Unidos” sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente a las empresas. La Cancillería dio un aviso a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México sobre sus intenciones al presentar esta demanda.