La Fiscalía General de la República (FGR) tiene más de 20 testigos, entre funcionarios y exfuncionarios federales y locales, así como miembros del crimen organizado, cuyos dichos sustentan la nueva investigación del caso Ayotzinapa.
Así lo dio a conocer Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, quien estima que aún pueden ser más personas las que aporten información.
“Hemos conseguido romper el silencio de funcionarios y miembros del crimen organizado, e incluso hemos recibido testimonios de personas valientes que nos han dicho qué vieron y qué vivieron”, dijo.
Agregó que esas personas participaron de una u otra manera en los hechos, y han aportado información para establecer la ruta de la desaparición de los normalistas y la fabricación de la llamada “verdad histórica” en la pasada administración.
“Hoy son más de 20 personas las que colaboran con esta Fiscalía y gracias a sus testimonios se ha conseguido abrir nuevas líneas de investigación y puntos de búsqueda”, insistió el funcionario.
Aseguró que se seguirá abriendo la brecha y rompiendo los silencios de funcionarios que fueron testigos y saben cómo pasó la desaparición de los estudiantes y “cómo se creó la mentira dentro y fuera de la Fiscalía”.
Este fin de semana se cumplieron siete años de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
A la fecha, según Gómez Trejo, la mayoría de las cerca de 130 personas que habían sido detenidas en su momento ha quedado libre, al acreditarse actos de tortura en su contra.
Gómez Trejo aseguró que la Fiscalía cuenta con al menos 40 videos en los que se observa a servidores públicos torturando a detenidos por el caso Ayotzinapa y quienes hoy están libres por estas agresiones.
Además, muchas de las 37 personas que aún permanecen detenidas no están imputadas por el caso, como sucede con el matrimonio de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y María de los Ángeles Pineda Villa.
Ambos sólo están imputados por delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de sus vínculos con el Cártel Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la autoría de la desaparición de los normalistas.
Entre los detenidos, además de la pareja Abarca-Pineda, están 32 policías (28 municipales, tres federales) y un militar, así como algunos criminales, como los hermanos Casarrubias Salgado.
Además, se busca a más funcionarios, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se busca imputar los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Sobre el paradero de los 43, a la fecha las autoridades sólo han identificado osamentas de tres de los jóvenes desaparecidos. Del resto de los estudiantes poco se sabe.
El fiscal Gómez Trejo reconoció que el actual gobierno no tiene aún una narrativa completa respecto al hecho, desde que fueron detenidos los normalistas hasta el momento en que se encontraron e identificaron los restos de algunos estudiantes.
