El proyecto de Dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022 que planean votar este lunes las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado deja prácticamente intacta la minuta que les enviaron los diputados, por lo que se mantiene la amenaza de sanción con prisión de tres meses a seis años a los auditores que dictaminen empresas y que no informen a las autoridades de un ‘probable’ delito fiscal y la obligatoriedad de la inscripción de los jóvenes mayores de 18 años para inscribirse al RFC.

También prevé dejar sin cambios los principales parámetros macroeconómicos como la proyección de crecimiento del PIB de 4.1 por ciento, el precio estimado de barril de petróleo de exportación de 55.1 dólares y el tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Asimismo, se mantendría la proyección de ingresos del gobierno por un total de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos.

El dictamen que se votaría este lunes en las comisiones del Senado está de acuerdo en añadir un párrafo al Artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, para que se considere responsable de encubrimiento en delitos fiscales: “cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción III, tercer párrafo de este Código”.

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años.

Laura Grajeda, presidenta entrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, advirtió que “si pasa esta iniciativa algunas firmas de contadores públicos no aceptarán trabajos de auditoría para no correr los riesgos que hoy están plasmados en el proyecto de Ley”.

“Nuestro interés es que esto se replantee y consideren que nosotros actuamos en función de normas internacionales de auditoría, cumplimos con un código de ética profesional y con una normatividad que nos compromete a hacer nuestro trabajo correctamente”, argumentó.

“En caso de que exista algún auditor que pueda identificar alguna operación que, dos o tres años después, la autoridad identifique que existe alguna defraudación fiscal, algún acto delictivo, el contador público, como está planteado el día de hoy podría recibir hasta 3 años de cárcel”, recalcó.

Patricia Terrazas, secretaría de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, lamentó la criminalización que se hace de los contadores públicos.

“El cambio que se plantea en la Ley los quiere obligar a que ellos denuncien cualquier acto que consideren una falta a la ley, cuando el trabajo del contador es elaborar un dictamen y emitir una opinión, lo que no significa una denuncia y ahora le ley quiere que el contador sea un denunciante de las actividades que realiza la empresa”, agregó la diputada.

Limite a deducciones

Asimismo, los senadores planean dejar igual que lo propuso la Cámara baja la modificación al artículo 151 de Ley del ISR para limitar las deducciones de donativos.

Sobre la inscripción de los mayores al RFC, el texto establece que concuerda con la necesidad de precisar que la inscripción al RFC no implica obligación fiscal alguna para los mayores de 18 años sin actividad económica.

La inscripción no implicará carga administrativa ni obligaciones fiscales por los ingresos que pudieran tener los jóvenes por cantidades de dinero recibidas de sus padres o familiares, becas o apoyos gubernamentales.

También dejan en la Ley de Ingresos artículo Décimo Séptimo Transitorio, para legalizar los llamados autos ‘chocolates’, a fin de establecer que los ingresos obtenidos por la regularización de vehículos usados pueden ser utilizados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.