Por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso freno temporal a la orden de transparentar toda la información pública relacionada con la recepción de lotes, aplicación y estado actual de las vacunas anticovid.

A petición del Ejecutivo Federal, el máximo tribunal suspendió de oficio la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hasta que los ministros definan en 2022 si la difusión de dichos datos ponen o no en peligro los intereses del país.

“Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este Alto Tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 11144/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional”, señala el acuerdo.

Lo anterior luego de que un ciudadano solicitó todos los datos sobre los lotes que se han recibido en México de la vacuna de cada farmacéutica y “en dónde se aplicaron, precisando los números, cuántas dosis tiene cada lote , dónde fueron administradas, si ya fueron administradas, así como en qué almacén y estado se encuentran” las que todavía no se aplican.

Transparentar información sobre vacunas COVID pondría en riesgo la seguridad nacional

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha interpuesto ante la SCJN otros 24 recursos similares relacionados con el biológico y alegando que transparentar esa información pondría en riesgo la seguridad nacional.

Apenas el 19 de octubre la SCJN frenó la difusión de todo reporte oficial relacionado con las medidas que ha tomado el Gobierno de México para mantener conservadas las vacunas COVID durante su traslado y resguardo en territorio nacional.

En julio el máximo tribunal ordenó suspender la difusión de cualquier dato sobre los contratos de compra de los biológicos de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Cansino y Sputnik, hasta en tanto no se resuelvan de fondo las demandas del Ejecutivo.

Los 25 recursos de revisión en materia de seguridad nacional que han llegado a la Corte fueron turnados al ministro Jorge Pardo Rebolledo quien, desde julio, comenzó a elaborar un proyecto de sentencia que, se espera, sea presentado y discutido por el tribunal pleno en 2022.