La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral en contra del recorte a su presupuesto de 2022, sin embargo, rechazó otorgar la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que el Instituto debe hacer los ajustes presupuestales necesarios para la realización de la consulta.

El acuerdo publicado en estrados electrónicos de la Corte señala que la consulta sobre revocación de mandato, programada para abril del año próximo, debe realizarse. El máximo Tribunal del país tampoco exenta al INE de las responsabilidades penales que establece la ley en caso de no organizar y realizar la consulta.

La denuncia presentada por el INE expone que para realzar el ejercicio democrático se requiere de cuando menos 3 mil 830 millones de pesos y que el recorte fue de 4 mil 913 millones de pesos.

El texto establece que sí se otorga al INE la suspensión provisional en cuanto al tema de los salarios de sus funcionarios por lo cual sus consejeros y altos mandos podrán seguir ganando más que el presidente de la República hasta que la Corte resuelva el fondo del asunto.