El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este domingo las denuncias penales impuestas en la Fiscalía General de la República (FGR) por el presidente de la Cámara de Diputados, en contra de los consejeros que aplazaron la organización del proceso de revocación de mandato.
En un posicionamiento a la opinión pública, el INE recordó que el Consejo General, órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.
“En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público”, indican en su texto.
“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”, añaden.
Los consejeros del INE mencionan que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda, y el INE acatará esas decisiones.
Señalan que por ello es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la FGR contra consejeros que votaron a favor del acuerdo, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, afirman.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, agregan
Mencionan que las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de sus atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.
“En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”, sostienen.
El texto es firmado por Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
