La empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) ofrece entre 4.5 y 6 millones de pesos por reparación integral del daño, a la familia de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves ocasionadas por el colapso de una trabe metálica de la Línea 12 del Metro hace casi nueve meses, a cambio de no demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad del magnate Carlos Slim Helú.

En siete cláusulas, el Acuerdo Reparatorio que ofrece la constructora del tramo elevado de la “Línea Dorada” a las víctimas, cuya copia tiene Proceso, protege minuciosamente a la primera, así como a cualquiera de sus afiliadas, accionistas, consejeros, apoderados y empleados, de ser denunciados por las vías penal, civil o administrativa; y obliga las segundas a renunciar a cualquier reclamación “presente o futura” relacionada con la tragedia.

El “procedimiento de justicia alternativa”, como lo justifica el Acuerdo, arropa a la empresa para no tener consecuencias legales, aún cuando asegura que sus dictámenes periciales no coinciden con los de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual determinó que el colapso se debió a “fallas en la construcción”.

Ello significa que la compañía de Slim Helú insiste en que no es responsable del hecho, pero dice que ayudará a las víctimas a reparar el daño.

El cuarto punto de los “Antecedentes” así lo asegura: “Como parte de la mediación que conduce la FGJCDMX, las partes conocen las conclusiones e información técnica contenida en los dictámenes periciales de la FGJCDMX, los cuales, no son coincidentes con los dictámenes periciales de CICSA”.

No obstante, justifica: “Sin prejuicio de lo anterior, CICSA tiene la firme voluntad de coadyuvar con el esfuerzo que ha venido implementando la FGJCDMX y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) para remediar en forma integral y complementaria el daño sufrido por las víctimas con motivo del suceso”.

Así, con esas puntualizaciones, el Acuerdo Reparatorio está “asesorado” y firmado por Armando Ocampo Zambrano, titular de la CEAVI, un facilitador o mediador de la FGJ local, el representante legal de CICSA y la víctima que desee hacerlo.

El pasado 19 de enero, en su segundo informe anual de labores, la fiscal Ernestina Godoy informó que hasta ese momento se habían logrado acuerdos reparatorios con 80% de las víctimas directas e indirectas de la tragedia. Ese mismo porcentaje es el que tiene representación jurídica de la CEAVI, según lo ha dicho el propio comisionado. El resto de las víctimas son las que están representadas por abogados o despachos privados.