Este jueves, la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, otorgó la extradición a México de Karime Macías Tubilla, quien fuera esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, (actualmente preso en el Reclusorio Norte de la CDMX por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero) para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos.
Macías Tubilla fue detenida en octubre de 2019 en Londres, Inglaterra, ciudad en donde radicaba junto con sus hijos, luego de la captura de Duarte en 2017.
Durante la administración de su ahora exmarido en Veracruz, Karime fue presidenta del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) estatal. De acuerdo con el Gobierno de México, desde esta institución, Karime habría desviado 112 millones de pesos y presuntamente lo entregó a empresas fantasma.
Tras la detención de Javier Duarte el 15 de abril de 2017 en Guatemala, un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, giró una orden de aprehensión contra Karime por el presunto desvío de recursos.
Luego de emitirse una ficha roja en más de 190 países para su localización y captura, fue encontrada (en septiembre del 2018) en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres, ubicado a unas cuadras del Palacio de Buckingham.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que continuará atendiendo este proceso en Inglaterra, y confirmó el avance del caso a su favor.
“La Fiscalía General de la República (FGR), ganó la primera instancia, en Inglaterra, para extraditar a Karime “M”. El Gobierno de la Gran Bretaña le dio la razón a la FGR y a las pruebas que aportó, y la declaró extraditable. Ahora esta persona tiene 30 días para apelar la decisión de las cortes inglesas”, FGR.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los avances en este caso, surgen en “conformidad con lo establecido en el tratado bilateral que ambos países tienen celebrado sobre la materia”. Según la dependencia, el gobierno de México aportó las pruebas necesarias para lograr un avance en el proceso de extradición.
