El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es muestra de que el caso avanza sobre dos líneas de investigación. La primera de ellas está relacionada con lo ocurrido el 25 y el 26 de septiembre de 2014 y otra en la que se analiza cómo se realizó la pesquisa por parte de las autoridades, así lo dio opinó Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero.
En entrevista con Martha Anaya, el exfuncionario que se encargó de seguir este asunto de manera local aseguró que se está realizando el seguimiento de las acciones que llevaron a cabo cuerpos como la Marina y la Procuraduría General de la República.
"Se trata de un video mudo, de un video silencioso, en el que lo primero que se advierte es una inadecuada preservación, un inadecuado procesamiento del lugar de los hechos conforme a los protocolos de actuación, pero tampoco esto quiere decir que haya una manipulación o alteración de la escena".
Con esta frase, el exservidor público dio a conocer su postura sobre el video mostrado por el GIEI en el que se ve a las autoridades laborando en el basurero de Cocula días antes de que se estableciera este punto como el lugar donde los normalistas desaparecidos fueron presuntamente asesinados y calcinados.
Aseguró que es necesario que se haga saber cuál es el contenido de los testimonios de los que participaron en la diligencia para saber cómo actuaron y por qué se encontraban en este sitio en lugar de comenzar a armar presupuestos sin ningún sustento en evidencias.
Agregó que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya incluía diversos elementos que se están presentado como novedosos en la pesquisa del GIEI. Lamentó que no se tomaran en cuenta aspectos que la CNDH ya había publicado como la presencia de los normalistas en Barandillas o el seguimiento que se hizo de los estudiantes por medio del C4 por parte de las instituciones federales.
Blanco defendió el papel que llevó a cabo la institución a su cargo y aseguró que quedó constatado en un oficio la implementación de un operativo de búsqueda de los alumnos, por lo cual se pudo localizar a 68 jóvenes que fueron rescatados.
"La Fiscalía a mi cargo actuó al momento mismo que se nos hizo saber que habían ingresado personas heridas por arma de fuego a un hospital en la ciudad de Iguala", dijo.
"Aquella noche, la única autoridad que hizo algo por los estudiantes y que se movilizó fue la Fiscalía del estado", agregó.
Añadió que días antes de que desaparecieran los estudiantes, las empresas de transporte terrestre habían denunciado ante las autoridades que los jóvenes tenían planeado secuestrar algunas unidades, por lo que pedían que se actuara a consecuencia de esto.
Aceptó que había un seguimiento a las acciones de los alumnos desde hace meses o incluso años a nivel federal, dato del cual se enteró cuando era delegado.
"Se les calificaba como colectivos estudiantiles ligados a colectivos disruptivos o grupos vinculados a la guerrilla e incluso a la delincuencia", dijo.
Durante la charla dijo que la información relacionada con la línea de investigación que implicaba a los normalistas con el transporte de narcóticos nunca se compartió con el Grupo de Coordinación Guerrero, sino que eran datos que había brindado el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas, por lo que oficialmente no conoció este informe.
Destacó que esta hipótesis, ni la de que había infiltrados entre los jóvenes o muchas otras ha sido consolidada, por lo que sin comprobación no se puede sustentar alguna postura. Informó que este señalamiento se sostiene con la relación familiar que sostenían algunos de los desaparecidos con integrantes de la organización criminal Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos.
"Sabemos, es un hecho cierto, que uno de estos muchachos, Omar García, estaba vinculado, más bien era hermano de una persona que perteneció a Los Rojos y perdió la vida unos meses antes en un enfrentamiento", dijo.
Pidió considerar la información brindada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la proveniente de los chats de la Sedena, ya que aunque no se ha confirmado o descartado la hipótesis de la infiltración y el contrabando de narcóticos, sigue siendo un cabo suelto dentro de la investigación.
Explicó que la participación de las autoridades federales y estatales quedó comprobado, por lo que pidió que se imputen responsabilidades a cada uno de los elementos y no en contra de las instituciones, a menos de que se compruebe que hubiera alguna orden directa desde un nivel superior.
